México es un país sacudido por la violencia, sin importar los mensajes de aliento que son enviados a la comunidad internacional de que sus atractivos turísticos se encuentran lejanos de esos puntos.

Los visitantes extranjeros son alertados en sus respectivos países del riesgo que se corre en algunas zonas de México y aunque suenan débiles protestas gubernamentales por ese hecho, la realidad muestra la gran razón de ello.

Nadie está exento de encontrarse en un sitio en el que se desate la violencia, sin importar si esta es causada por la delincuencia organizada o por los grupos que protestan injusticia o de los que son usados como carne de carroña por los vivales de la política nacional o hasta por alguna autoridad extraviada.

La realidad es que México si es un país violento, sacudido con mayor frecuencia por esos brotes del México salvaje y bronco, pero no de aquel que se alertaba en la década de los 70 que pudiera despertar, sino por otro, derivado de la omisión de las autoridades para combatirlo.

Norte, sur, este y oeste, todos los puntos cardinales del país son movidos por esos crímenes, arteros, los que muy escasamente son resueltos y los criminales apresados y muchos menos condenados por sus delitos.

Hay entidades del país, donde se intensifica más la violencia y se produce, incluso, en variedades de género.

Veracruz se identifica con los crímenes de periodistas; el Estado de México por los de mujeres; Guerrero por los de campesinos; Michoacán el de autoridades; Tamaulipas los de migrantes y Sinaloa, Chihuahua y otros más por los vinculados a los cárteles de la droga o los grupos delincuenciales.

Aunado a ello, algunos crímenes vinculados a la autoridad, los que escandalizan al mundo entero y provocan protestas de todo tipo y la intromisión de comisiones de derechos humanos ajenas al país.

Y de esa violencia, cuántos asuntos son resueltos, pocos, escasos, pero cuando se atina con alguno de ellos, desde el gobierno se lanzan vivas, hurras, sin que se atrevan a clarificar que es obligación suya resolverlos.

Durante el sexenio han quedado muchos asuntos pendientes en el rango de violencia, por lo que algunos vivales aprovechan el status del miedo, para cometer ilícitos que son inscritos en el mismo rubro.

La violencia en México por la frecuencia con la que sucede está dejando de causar impacto y pasa a ser un hecho cotidiano, donde podría causar sorpresa cuando el involucrado es un personaje conocido en el ámbito nacional.

Pareciera ser que el asesinato de autoridades dejó de ser un evento relevante o sorpresivo, por lo cotidiano que se ha vuelto.

La semana recién terminada dos alcaldes, uno de Pungarabato, Guerrero y el otro de San Juan Chamula, Chiapas, fueron asesinados, en lo que ya se convirtió en una insana costumbre en muchos rincones de México.

Ambrosio Soto Duarte, perredista de militancia, ya había denunciado al crimen organizado, el que unos días antes había asesinado a un familiar suyo que había sido su chofer.

Domingo López González, militante del Partido Verde Ecologista de México, alcalde de San Juan Chamula, regido por usos y costumbres, fue asesinado, así como otros cuatro regidores.

En ninguno de los estados (Guerrero y Chiapas) la violencia resulta sorpresiva y menos en los municipios ocurrida.

Pungarabato es el municipio en el que se ubica Ciudad Altamirano, situado en plena Tierra Caliente de Guerrero, donde la violencia sentó sus reales muchas décadas atrás.

San Juan Chamula, es una de las zonas en las que se respetan los usos y costumbres para definir a sus autoridades, pero que vive conflictos religiosos desde hace varios lustros.

La región guerrerense se identifica con la violencia generalizada, animada por los grupos delincuenciales que ahí operan, la chiapaneca por los conflictos religiosos, motivados por la intolerancia religiosa.

El alcalde de Pungarabato fue el único muerto, con saldo de cuatro policías heridos; en el de San Juan Chamula murieron otras cuatro personas, además del alcalde, todos vinculados al ayuntamiento.

Sin embargo, esos asesinatos sucedidos recientemente se unen a una larga tradición de crímenes de presidentes municipales ocurridos en Michoacán, Tabasco, Veracruz, Sinaloa, Guerrero y varias entidades más, en las que la sangre parece no dejar de fluir, con todo y que existen leyes más duras para su aplicación.

Hace no muchos años, la violencia se reducía a los asaltos, mientras que los delitos se circunscribían a unos cuantos, pero la aparición de los grandes cárteles de la droga y los grupos de la llamada delincuencia organizada, fragmentados unos y otros, después, derivó en esta baño de sangre que azota a todo el territorio nacional, donde se incluyen delitos de todo tipo y se confunden unos con otros.

La incapacidad policíaca es manifiesta con todo y que se crean nuevos grupos, mientras que la investigación para la aclaración de delitos de todo tipo es simplemente inexistente.

Curiosamente, en todo tipo de delitos, sin importar si son asesinatos, desvío de recursos, enriquecimiento inexplicable, omisiones, robos o abusos, las autoridades mexicanas siempre salen limpias, sin que se llegue al fondo de una investigación.

Pareciera que las leyes se hicieron para que pocos gobernantes o funcionarios de nivel resulten responsables de alguno de esos delitos que les son imputados.

Y mientras, en el mundo sigue corriendo la noticia de que México es un país violento, al que deben razonar bien, antes de viajar a él, con todo y las bellezas naturales y notan naturales con que cuenta.

Primero fue Puerto Vallarta, después Cancún y ahora Acapulco el sitio de playas violento, pero no por ello los únicos en los que la violencia hace su agosto.



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