A pesar de que se sabía de antemano que no se contaba con el apoyo popular para realizar la imposición de las reformas estructurales, la actual administración procedió a concretarlas a partir del Pacto por México, lo que quiso mostrarse como un logro adicional del grupo que llegaba al poder.
Se advirtió que con el 38.2 por ciento de la votación de los votantes, no del padrón, no podía realizar cambios radicales. Ante esta numeralia en contra, el sexenio debió mantenerse con bajo perfil, lo más convencionalmente austero no sólo económicamente sino en cuanto a las disposiciones de gobierno; sin embargo, se prefirió la imposición que incluso implicaba el uso de la fuerza para callar las voces disidentes porque n ose contaba con la legitimidad social ni con la confianza institucional para mover hacia la aprobación de las reformas estructurales el aparato de gobierno que apenas se sostenía, desde un principio, de alfileres.
Para nadie, dentro de la administración pública, sería sorpresiva la reacción social de rechazo a las reformas que ahora insisten en no reformar la reforma y sólo aplicarles un maquillaje ante la repentina reacción del SNTE que pide modificar algunos puntos de la evaluación magisterial, que es la esencia de dicha reforma.
De esta forma se modifican sólo algunos factores, pero no los sustanciales y, al mismo tiempo, se tiene como único interlocutor, en esta mutación legaloide, al SNTE y no a la CNTE, que desde el inicio de la imposición peleó por su derogación total y definitiva.
Así, el presidente asegura que los acuerdos alcanzados con maestros, no significan dar marcha atrás a la reforma educativa
Apuntó que las revisiones no implican hacer un cambio legal o hacer una modificación a lo que hoy mandata la ley, ’sino que está dentro del marco que tiene la propia reforma educativa, de hacer una revisión, y son otros aspectos que nada tienen que ver’.
Por su parte, el PRI en el Senado advirtió que la reforma educativa no está a negociación y sostuvo que revisar la evaluación magisterial no significa la derogación de esta reforma constitucional.
A través de Emilio Gamboa Patrón se dijo: ’La educación no puede ser rehén de intereses político-electorales. Es momento de subrayar que la ambición política hacia el 2018, no puede estar por encima de la reforma educativa, cuya implementación avanza con la participación activa de la inmensa mayoría del millón 200 mil profesores que México tiene’.
Se insiste en el consenso amañado y manipulado en que fue aprobada ésta y el resto de las reformas estructurales. Un mayoriteo que se ordenó desde la cúpula de los partidos políticos y que en nada representa a nadie.
’La reforma educativa no está a negociación. Es una reforma que tuvo el mayor consenso, siendo aprobada por 113 votos, el 21 de diciembre de 2012, por todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República’, recalcó Gamboa.
’El despegue de la presente administración prometió cambios profundos y poner al país en movimiento. Mientras se consumó el Pacto por México, la clase política renovó sus promesas para consolidar los esfuerzos de gobernabilidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el sistema democrático y la participación ciudadana; en suma, era el arranque de los cambios para la prosperidad’, señala la Arquidiócesis. Todo era otro maquillaje que se mostraba benévolo a cambio de la inmediata aceptación de reformas que de antemano se sabían antipopulares y que afectaban seriamente los derechos laborales de electricistas, petroleros, profesores, burócratas, catedráticos, etc.
Ahora es el semanario del clero el que señala con precisión los problemas que tiene la actual administración y que tiene en la aprobación de las reformas estructurales su punto más álgido, y, dentro de éstas la reforma educativa como el principio del fin de un grupo en el poder que deberá recular cuanto antes para sobrevivir y darle oxígenos electoral a su propio partido. De otra manera simplemente se borrará del mapa y despertará en un nuevo sexenio que derogará todo lo realizado en éste.
Así, Desde la fe asegura: ’Los recortes presupuestales amenazan la efectividad de las políticas públicas. En 2016, la política de desarrollo social sufrió disminución de recursos debido a la fusión de programas, perjudicando así a los más pobres. El cinismo no puede ser más descarado cuando los responsables de estas políticas menosprecian informes de organismos internacionales sobre la pobreza rampante, aseverando que se puede vivir holgadamente con 12 pesos diarios, es decir, poco más de 300 pesos mensuales’.
Mantener o derogar las reformas estructurales será el tema toral en las campañas de 2018, sin duda.