Desde el 5 de mayo pasado, ya había sido levantado por un grupo de la delincuencia organizada. Lo secuestraron por unas cuantas horas. Pero regresó sin despeinarse, a la campaña por la alcaldía de San Miguel Totolapan, un municipio de la Tierra Caliente, muy pegadito a la sierra. Dirigentes nacionales del PRD demandaron su presentación con vida. Entre ellos, Guadalupe Acosta Naranjo y el propio dirigente nacional de ese partido, Carlos Navarrete Ruiz. Tras su liberación, el hoy alcalde electo por aquel municipio calentano, Juan Mendoza Acosta, nunca explicó lo ocurrido durante su efímero plagio. Nadie se lo exigió: ni partido ni dirigentes ni autoridades ni órganos electorales. Como si los secretos inconfesables se tomaran como prioridad para encumbrarse en aquella alcaldía. Formaran parte inherente a las complicidades del poder. Lo cierto es que el alcalde electo del PRD por ese municipio, esta vez fue agarrado literalmente, con las manos en la masa. Es decir, en una grabación en video subida a las redes sociales, en la cual resalta su evidente estado de ebriedad y se le ve dialogando presumiblemente con algunos miembros de un grupo delictivo que opera en aquella zona, el cual “le ayudó a ganar la alcaldía”. Y se compromete a darles su apoyo. De ahí se abre lo demás.


PRD: NO ESCARMENTAR.- La crisis perredista por el vínculo de sus alcaldes con grupos delictivos no es nueva. Comenzó el 29 de septiembre de 2012, cuando a la página de You Tube subieron un video del alcalde electo por el PRD en el municipio de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares Salgado. En dicha grabación, el edil tomaba acuerdos con supuestos integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana. La resonancia de ese escándalo que rebasó las fronteras del país, no pasó a mayores. Una medida se tomó para tumbar ese soterrado acuerdo: que edil fuera permanentemente escoltado por fuerzas federales. Pero las cosas no pararon ahí. Al contrario: se agudizaron. Porque el edil perredista de Cuetzala, Feliciano Álvarez Mecino, fue detenido por fuerzas federales el 8 de abril de 2014, acusado de mantener vínculos con el crimen organizado en su modalidad de secuestro. Y luego, remitido al penal de Matamoros, Tamaulipas. Lo peor estaría por venir. El 26 de septiembre de 2014, ocurrieron los hechos funestos en el municipio de Iguala. Desaparecieron forzadamente y a manos de un grupo delictivo, 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. En ese evento se descubrió la protección que el edil perredista, José Luis Abarca Velázquez, otorgaba a dicha organización criminal. Fue una bomba que estalló y alcanzó a prominentes personajes políticos. Y eventualmente, obligó a la solicitud de licencia para separarse del cargo por parte del gobernador, Ángel Aguirre Rivero. La crisis para el PRD se prolongó. Llegó hasta la elección de gobernador del 7 de junio, en la cual los electores le cobraron la factura a dicho partido político por los vínculos de sus alcaldes con el crimen organizado, los cuales fueron ventilados públicamente. Y de esta forma, la candidata perredista a gobernador, Beatriz Mojica Morga, perdió la elección. Pero al parecer, no se asimiló la lección. Porque hoy, el alcalde electo de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta, repite el ciclo perverso de los acuerdos soterrados con el crimen organizado, que condujeron a la debacle electoral de dicho partido en el pasado proceso electoral. La Fiscalía General del Estado, ya anunció que lo llamará a comparecer. El dirigente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, que dialogará con él. Y las autoridades electorales han guardado un sospechoso silencio. Lo único cierto es que el PRD sigue en picada. Y sin liderazgos sólidos y sin calidad moral, ahí se quedará por un buen tiempo.


HOJEADAS DE PÁGINAS…Como un golpe político contundente contra el dirigente de la tribu perredista Nueva Mayoría (NM) y alcalde electo de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, se lee la anulación de la constancia de mayoría a la candidata a diputada local por el distrito 16 de Ometepec, Rosa Coral Mendoza Falcón. Porque de esta forma, esa tribu reduce sus posibilidades para disputar la coordinación de fracción perredista en el Congreso local. Ese es el punto.


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