La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la CIDH, presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en México, resaltó el problema que enfrentan los comunicadores y los que promueven la defensa y respeto de las personas en el país.
La imagen del país en relación con los derechos humanos se convierte ahora no sólo una condena verbal sino que ha forzado a algunos países, sobre todo de Europa, a reconsiderar acuerdos con México y a cancelar contratos comerciales.
El atentado contra la libertad de expresión que en la gran mayoría de los casos goza de total impunidad, lo cual implica al gobierno por su pasividad y parcialidad en la atención a estos casos que ante tal indiferencia se multiplica a lo largo y ancho del país.
La permanencia en el poder del gobernador de Veracruz, Javier Duarte es una muestra evidente de complicidad e indiferencia por la integridad física y psicológica de los mexicanos. Ante esta realidad la palabra democracia no tiene cabida en ninguna de las atribuciones que el gobierno pueda hacer hacia su proceso político y menos aún acerca de sus actividades.
Si en las leyes el régimen que debe practicarse se denomina democrático, al no serlo, en términos reales, todo lo que se realiza desde el poder carece de validez legal y permanencia sólida. Se trata de un grupo que se adueñó del poder en nombre de los votos, pero no a través de la democracia, que son cosas muy diferentes.
El respeto a los derechos humanos en México debe ser una prioridad en las actividades de todas las instancias de gobierno; sin embargo, todas las instancias de gobierno son las que se consideran con el derecho a violentar la integridad de los mexicanos. Es suficiente pertenecer al partido en el poder, o tener uniforme, o simplemente ser amigo del poderoso para que la vida de otros sea una simple anécdota en la vida de México.
’La CIDH y su Relatoría Especial ponen de presente la grave situación de violencia que padecen periodistas, defensores de derechos humanos y comunicadores por el ejercicio de la libertad de expresión, que los convierte en un grupo de la población especialmente vulnerable’, indico el órgano jurídico de la OEA, en un comunicado.
El llamado de atención al gobierno de Peña Nieto lo hizo la CIDH con el ’objetivo de asistir’ a México en el fortalecimiento del derecho fundamental de la libertad de expresión.
La clase política tiene a sus propios delincuentes blindados dentro y fuera de nuestras fronteras, el caso de Humberto Moreira en España es muy claro; sin embargo, en Honduras ha sido detenido
Gustavo Castro Soto, quien es víctima de irregularidades en el proceso de retención del sociólogo mexicano, quien fue sobreviviente del ataque armado que costó la vida a la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Bertha Cáceres y pese a haber colaborado en todas las diligencias que se le han pedido, el sociólogo sigue sin poder salir de Honduras, y su vida está en peligro.
La jueza Victorina Flores del Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, Intibucá, intenta fincar responsabilidades penales,
’El proceso judicial ha estado caracterizado por la violación de los derechos humanos y garantías procesales de Gustavo Castro y su familia, como por ejemplo, largas jornadas de espera para la práctica de las diligencias investigativas, la falta de reposo, la falta de acceso a las fotocopias de todas las diligencias, la falta de asistencia médica y psicológica como víctima de un delito grave’, lamentó Óscar Castro, hermano de Gustavo, en un documento respaldado tanto por los familiares de Bertha Cáceres.
La prestancia que mostró la secretaria de Relaciones exteriores, la chica Ibero, Claudia Ruiz Massieu, en el caso de Humberto Moreira, en este caso es sólo indiferencia y despreocupación. Con Moreira era la cárcel, con Gustavo castro es la muerte.
Justicia y política sólo para la clase dorada instalada en el poder gracias a la impunidad que le brinda la ilegalidad de su proceder cotidiano