En México, como en Guerrero, la impunidad ha puesto en duda el principio por el que se fundó el Estado. Aquí, de cada cien delitos, se denuncian cuatro. De esos, solo 4.4 reciben condena. Las cárceles están sobre pobladas en un 130 por ciento. Muchos reos sin recibir condena. Otros recluidos por no hablar el idioma español. Pero muchos delincuentes libres.
Existe un círculo vicioso: la sociedad no le tiene confianza a su gobierno porque cree que éste fomenta la impunidad y ésta debilita de manera impresionante a las instituciones. Según las cifras, el contrato social en Guerrero pende de hilo.
La esencia de la teoría del contrato social, cuya formulación más conocida es la propuesta por Jean-Jacques Rousseau, es la siguiente: para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza, en tanto que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato.
LOS CIEN DÍAS
El pasado cuatro de enero, Héctor Astudillo Flores ofreció un diagnóstico de la administración del gobierno estatal que ha recibido al cumplir cien días como gobernador de Guerrero.
Denunció una administración paralizada. Las arcas del estado vacías. Un gobierno endeudado. Fuerzas de seguridad que no tenían los recursos humanos o materiales mínimos para hacer cumplir la ley y garantizar el orden. “Y tristemente, dijo, encontramos una sociedad sin esperanza, lastimada por la violencia, viviendo un profundo miedo y que, con justa razón, mira con desconfianza y recelo a cualquier autoridad”.
Astudillo encontró corrupción, impunidad, abuso e Incompetencia.
IMPUNIDAD
La impunidad, del latín impunitas, es la cualidad del impune y éste, del latín impunis, es el que queda sin castigo, según define la Real Academia Española.
La impunidad constituye, según la Organización de las Naciones Unidas, una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar violaciones a la ley y adoptar medidas apropiadas para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas.
EN GUERRERO
Ante el panorama tan abrumador que recibió el gobierno estatal el gobernador ha dicho que para no sobre llevar los conflictos u observar que el tiempo acabara con las esperanzas y con las muy reducidas expectativas de la gente, restableció las buenas relaciones con diputados y magistrados, quienes representan a los poderes Legislativo y Judicial y con los que, se deduce, hubo fractura con el Poder Ejecutivo en los últimos diez años.
No dijo, sin embargo, qué hará el gobierno para castigar a quienes violan, secuestran, matan, roban o están fuera de la ley. ¿Qué hacer para sacar de las calles a quienes saben que la impunidad deja indefensos a los ciudadanos, debilita instituciones e induce a la percepción de que vivimos en un Estado fracasado?
LAS CIFRAS
México tiene un alto índice de impunidad y es una problemática considerada, como alta o muy alta, en 25 de los 32 entidades federativas del país. Un 67.42% de los delitos cometidos no reciben castigo alguno, según ha revelado el estudio Índice de Impunidad Global en México 2016, que realizaron en conjunto la Universidad de las Américas de Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia y que fue presentado apenas el pasado tres de febrero.
Según el estudio son los estados de Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, la Ciudad de México, el estado de México y Quintana Roo los que tienen niveles más altos de impunidad.
De cada 100 delitos solo 4 son denunciados, entre otras razones, por la profunda desconfianza de los mexicanos en sus sistemas de procuración de justicia, acota el informe.
EN GUERRERO
El discurso leído por el gobernador de Guerrero el pasado cuatro de enero es una denuncia: “la administración del gobierno de Guerrero ha sido saqueada”, dijo.
A la denuncia pública, como ha sostenido el ex secretario de gobierno, David Cienfuegos, debe seguir la integración de una averiguación previa, la investigación y el castigo a los responsables para, así, comenzar a combatir el mal que debilita y destruye instituciones: la impunidad.
EL PODER JUDICIAL
El gobernador ha dicho que restableció buenas relaciones con los poderes legislativo y judicial y que los ayuntamientos operan en la normalidad, lo que da la certeza de gobernabilidad.
También dijo que nueve de cada diez guerrerenses piensa que la corrupción en la entidad es muy frecuente. Y que sólo tres de cada diez habitantes confían en las instituciones locales. Esas cifras revelan que la impunidad es el gran pendiente en Guerrero.
Para combatirla podrían comenzar por quienes, según dijo el gobernador, han saqueado las arcas de la administración de gobierno en Guerrero y luego seguir con emblemáticos casos de impunidad como, por ejemplo, el homicidio de los diputados Jorge Bajos y Armando Chavarría; los de 16 periodistas entre los años 2006 al 2015; la desaparición y muerte de 43 normalistas y la muerte de otros normalistas y un empleado de una gasolinera, muertos en Chilpancingo, un año antes de la tragedia de Iguala