En nuestra primera entrega, de “Hablemos de Política Económica o Como Perder una Elección”, donde nos concentramos en definir lo que consideramos como política económica y, de cómo influye en el comportamiento de la población, principalmente en su gasto, y por ende, en el desempeño global de la economía y algunos casos desembocaron en una recisión, afectando, también en el ambiente político.
La información económica, de acuerdo a las autoridades hacendarias, los últimos catorce años, hemos vivido con raquítico crecimiento, un promedio de un poco más del 2%. Lo que incide, no solo en la sensación, sino en una percepción real, de un estancamiento y en remoto panorama de mejoramiento de nuestro bienestar o progreso. Tal situación, comenzó, también, a calar en la aceptación del actuar del gobierno y sus promesas de las bondades de las Reformas Estructurales propuestas y de la factibilidad de los beneficios que obtendría en el futuro.
De acuerdo a la retórica gubernamental, las reformas eran necesarias y producirían grandes beneficios al consumidor y a la planta productiva en general. Es difícil, no pensar y aceptar, que se requieren cambios legislativos que dicten un nuevo esquema del Estado, la sociedad y la economía. Lo que a todas luces se veía era que los tiempos de implementación, en algunas como la energética o la de telecomunicaciones, no eran razonables. Mientras que en los casos de otras, la educativa, irrealizable o por lo menos, difíciles de implementar.
Con respecto a las primeras, energética y telecomunicaciones, las reacciones fueron de diferentes campos y con estrategias diferenciadas. Las reformas en el campo energético, se presento, por parte de los opositores, principalmente los partidos de izquierda bajo la bandera de la defensa nacional, un tibio rechazo y un rápido repliegue a sus posiciones originales, dado el escaso apoyo que encontró en la población, su baja rentabilidad política era tal, que no sobrepasaba a los esfuerzos que demandaba.
Por su parte, la resistencia a la reforma en telecomunicaciones, provino, de una fuente totalmente diferente, la iniciativa privada y de manera más señalada, por los monopolios o cuasi-monopolios de televisión y telefonía. Su estrategia, no consistió en un enfrentamiento directo en contra de la reforma en cuestión, centrándose más, en ataques solapados magnificando los problemas: primero, con el tema de los normalistas desaparecidos, no solo a nivel nacional, sino de igual forma en el ámbito internacional. Todo ello, con la transmisión de las marchas realizadas en protestas y exigencia de que la autoridad, principalmente la federal, investigaran a fondo los hechos y presentaran con vida a los normalistas afectados. De antemano, se reconoce, que ante todo los comentaristas y los medios de comunicación en general, tienen todo el derecho a la libertad de expresión. Nada debe coartar esa libertad, pero en igual forma, debe de aceptarse que, dicha libertad, viene acompañada de responsabilidades. Su ejercicio, lleva implícito el deber de admitir las consecuencias de su ejercicio, no cabe el argumento, del intermediario, de solo ser el mensajero. Toda información, no importa del tipo que sea, contiene en sus genes, la condición de la interpretación, por lo tanto, su ausencia de inocuidad.
Dentro de éste esquema, el proceso electoral se iniciaba: con escándalos de corrupción como, de las “casas blancas”, el uso de helicópteros, el empleo indebido del poder gubernamental, para influir en las decisiones sobre licitaciones como pago de favores; y sobre todo, con un crecimiento económico raquítico. Se dice, que con bienestar, con dinero para gastar, la población, no acepta, pero sí está más propensa a tolerar, a premiar ciertos actos, más, que en tiempos de escases, de desempleo, de pérdida de expectativas. Lo que en abundancia es causa de festejo, en tiempos malos es de rechazo, y la virulencia de éste rechazo, está en función del nivel de su situación economía.
Entre los indicadores presentes para evaluar la actividad de una administración, el más indicativo, el que no deja dudas, es el que manifiesta la población mediante su voto en las elecciones. Ahí, se califica o se descalifica el desempeño, las acciones, las reformas, o, las estrategias de política económica, que un gobierno, o su Ejecutivo ha realizado. Nada se compara o sustituye a lo expresado por medio del voto. Se puede pensar, en la factibilidad a ser influenciado por factores externos, como los intereses monopólicos afectados por dichas acciones o reformas, pero, es una consideración, muy socorrida, sin que exista una comprobación real.
De acuerdo a los resultados de los comicios pasados, del 7 de Junio, para elegir diputados federales, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, mediante su partido el PRI, alcanzó una votación de aproximadamente del 30%. Esto representa una caída de ocho puntos, con respecto al 38% obtenido en 2012. Se puede argumentar, que a pesar de todo, el partido del presidente sigue siendo mayoritario. Pero la realidad, es que una caída sobre las preferencias electorales, de ésta magnitud, al no ser mayores o simplemente iguales a las obtenidas en su elección, marcan un rechazo o simplemente, en el mejor de los casos, una pronunciada impaciencia, por la lentitud de gozar los beneficios prometidos.
Bajo éste escenario, el ejecutivo se puede enfrentar, a tres retos para conservar la gobernabilidad: preservar el cumplimiento de la ley, el estado de derecho; fortalecer las estrategias políticas, para darle una mayor operatividad a las relaciones con las Cámaras del Congreso y los partidos que la integran; y, tercero, rediseñar las estrategias de la política económica y la implementación de las reformas estructurales.
Con respecto, al primer reto, el estado de derecho: después de las elecciones nos amanecimos con la noticia, de que el Secretario de Gobernación, estaba condicionado la reanudación de las negociaciones con el SNTE, al retorno de los maestros a sus lugares de origen y retomaran sus actividades docentes, con el fin de que los alumnos no de vieran más afectados por los días que no recibieron instrucción. Ésta decisión, inmediatamente fue respaldada por el Secretario de Educación, mandando una primera señal a la ciudadanía. La negociación no debe ser confundida con claudicación, ni acordar con acorralar, tampoco, ninguna acción sería sustituto de la ley. La era de la concerta-cesión había terminado. Ahora, lo que tenemos que esperar, la reacción del magisterio y la contra-respuesta del gobierno, para sostener su decisión.
Por otra parte, la sociedad espera que se retome el tema de la seguridad, con un combate más eficaz a la delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro y a otros delitos. Además, se cuente con una política gubernamental de “tolerancia cero” o por lo menos cercana a cero.
En el segundo reto, para lograr la gobernabilidad, a secas, en la Cámara de Diputados, el Presidente Peña Nieto realizo alianzas con los partidos PVEM, PANAL y el Partido Encuentro Social, logrando una mayoría calificada. Sin embargo, no debemos perder de vista, lo señalado por Maquiavelo, en referencia a las alianzas que tiene que realizar un Príncipe con otras fuerzas, cuando él no cuenta con suficiente poder para enfrentar a sus contendientes. De que sus aliados de hoy, pueden ser sus enemigos de mañana, principalmente si consideran que su contribución es mayor a los beneficios que reciben. Además, del precio que podrían pagar por ésta alianza y salgan más lastimados de lo que habían planeado. Solamente hay que recordar los problemas que tuvieron, tanto el PRI, como los partidos del PAN y el PRD en los pasados procesos electorales, por el Pacto por México.
Y, por último, rediseñar la estrategia de la política económica, la cual, hasta ahora, está enfocada a beneficiar a los que tienen más, y dejando de lado a los que poseen menos. La argumentación que esgrimen las autoridades hacendarias y política monetaria, es primero hay que equilibrar las variables macroeconómicas, -léase, cumplir con las condiciones de los inversionistas extranjeros, en el área petrolera-, y que estas variables impactaran en el gasto público y en la reactivación del consumo interno. Para cualquier economista, incluyendo a los monetaristas, pero no a los gubernamentales, esta política económica, no solo es errónea, es suicida. No se puede, en el caso del gobierno e incluso nosotros los particulares, priorizar el ahorro, no digo, no ahorrar, dejar de adquirir los insumos mínimos para operar y cumplir con las responsabilidades que tenemos, cuando estamos viviendo en una situación muy delicada. Gobernar mal, por querer ahorrar, es algo inaceptable, de igual manera gobernar con dispendio ¿usted que cree?
La política económica, seguida, hasta hoy, por el gobierno ha estada más enfocada a los resultados macroeconómicos: el PIB, la tasa de inflación, la inversión extranjera, entre otros. Dejando a un lado, los efectos de esa política en el bienestar de la población: capacidad de consumo, empleo, alimentación, educación, etc. Las pasadas elecciones, enviaron un nítido mensaje a los responsables de la política económica y al Presidente Peña Nieto, las estrategias seguidas no son las adecuadas, no benefician a la población y por ende, a los probables electores. Algunos argumentaran que se trata de una medicina amarga, pero necesaria, para sanar nuestra economía. Pero, al final, todos sabemos la diferencia entre una medicina, un placebo o un veneno. Perdieron las elecciones a diputados, solventaron ese escollo haciendo acuerdos para controlar la Cámara. Pero: ¿servirá, alcanzará, esa estrategia para no perder la Presidencia?: Señores, ustedes tienen la palabra. sergiocastro6yahoo.com.mx