En nuestra entrega anterior, tratamos de exponer un marco general sobre el desarrollo de los medios masivos de comunicación y su indudable influencia en el comportamiento del receptor final, ya sea este como consumidor, creyente o elector. De igual manera, señalábamos la reacción de la iniciativa privada nativa, principalmente con sus relaciones con el gobierno sobre el rumbo que proponía este mediante sus políticas económicas, educativas y sociales: el rencuentro con los ideales de la Revolución Mexicana, principalmente en justicia social, distribución de la riqueza y mayor movilidad social.
Si bien es cierto, durante el mandato del grupo sonorense se pusieron las bases del México moderno, también, la estrategia del grupo posrevolucionario, consistió en sustituir la actividad económica privada, cuando era desatendida por el grupo empresarial. Con ello, se trató por vez primera instaurar la economía mixta. El crecimiento del aparato gubernamental, nunca fue el de suplantar las actividades privadas, se originó por la desidia y una estrategia de los grupos económicos de manifestar su rechazo a los gobiernos producto de la Revolución, por la pérdida de sus prebendas y privilegios ocasionada por la contienda armada. Por el contrario, los propósitos de los nuevos gobiernos era la activación de la economía y las actividades productivas que habían sufrido y al mismo tiempo reivindicar las aspiraciones de los obreros y campesinos que habían participado en la Revolución, principalmente los campesinos.
El desarrollo de esta contienda entre el gobierno emanado de la Revolución, en relación a los aspectos netamente económicos fue tratada anteriormente en ’Hablemos de Subsidios, Crecimiento o de la Seguridad Escurridiza’. Contienda que se desarrolló con diferentes niveles de confrontación y que había tenido su punto más cálido en la administración del presidente Lázaro Cárdenas del Rio, con su política de repartición de tierras y el inicio de la nacionalización de la industria petrolera.
Sin embargo, este frágil punto de equilibrio y principalmente la tendencia sobre la supremacía del sector empresarial con respecto al gubernamental se vio amenazada con la llegada del Luís Echeverría Álvarez a la presidencia de la República. Dicha administración constituyó el punto de inflexión de la distención de dos sistemas políticos que han venido luchando desde nuestra independencia: liberales y conservadores. Pero, en esta nueva etapa de diferencias sobre el modelo de gobierno y sociedad que se quiere para nuestro país, se incorpora una nueva arma más sutil, pero más eficiente y letal: los medios de comunicación masiva.
A mediados de 1972, en el IV Seminario de Publicidad y Medios de Comunicación realizado en la Ciudad de Monterrey, los empresarios analizaron no solamente las relaciones que habían tenido con el gobierno sino el rumbo y el carácter del país a que aspiraban. De igual forma evaluaron, los resultados obtenidos recientemente con la administración del Presidente Echeverría en lo concerniente a la Reforma Fiscal, en donde los criterios empresariales prevalecieron, mismos que siguen fundamentando su inmovilidad actual: los recursos adicionales que requiera el gobierno no deberán ser solventados por incrementos fiscales, porque afectan y desalienta la inversión, sino del aumento de la eficiencia y reorientación del gasto público; abandonar las áreas económicas y centrarse en las seguridad social que la iniciativa privada no cubra. Con ello, el sector empresarial logro determinar su lógica y sus alcances de la Reforma Fiscal y blindarla de futuros intentos de establecerla, sin una presión realmente significativa. De igual forma, en ese seminario, bajo el triunfo obtenido y el peso que había tenido la posición de una gran parte del grupo empresarial, se llegó a la conclusión de la conveniencia de actuar en bloque para oponerse y negociar las políticas gubernamentales e imponer su visión de país.
Después de un periodo corto de purga dentro de la dirigencia empresarial, se creó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) entre cuyos objetivos primordiales destacan los siguientes: a) ’que los empresarios participen de manera ordenada, organizada, en mayor medida en la actividades políticas, bajo un planteamiento a largo plazo, dado que el poder político solo será accesible a través de una acción unificada y organizada a nivel nacional, para ello, toda posición deberá ser presentada en forma determinante, agresiva’; b) ’el sector privado es el dueño de la mayoría de los medios de comunicación, televisión, radio y prensa escrita y, deberán paulatinamente ser utilizados en la difusión de las posturas y enfoque empresarial’; c) ’los empresarios, para apoyar sus argumentos deberán echar mano de de un grupo de ’eruditos’ de amplio reconocimiento en el mundo de las letras, investigadores, primordialmente en las ramas sociales, de comentaristas, de creadores de opinión, los cuales tendrían la función de encontrar los temas, los mensajes y las mejores vías de comunicación del ideario empresarial’; d) ’los empresarios, tendrán, además, que prepararse en técnicas de comunicación que los habilite para enfrentar debates y conferencias de prensa, en defensa de sus postulados’; e) ’los empresarios dueños de los medios de comunicación masiva, jugaran un rol fundamental en la difusión de los acontecimientos nacionales, ya sea con la magnificación de los errores de la posición gubernamental o la difusión de la mesurada y lógica de las propuestas de la iniciativa privada’; f) ’buscar el reforzamiento en la arena política mediante los partidos, principalmente de PAN para influir en la estructura legal del país y, en algunos casos en la integración del gabinete’; y, e) ’incrementar la intervención empresarial en los centros de educación media y superior tanto en las privadas como en las públicas, dado que son las generadoras de los principales cuadros administrativos y la alta burocracia del gobierno en todos sus niveles. Todo ello, bajo los principios: la propiedad privada en el único motor de la economía; la familia el eje de la sociedad; el ’bien común’ su objetivo; y, el ’desarrollo humano’ como su centro.
De lo anterior, se derivó la disputa entre el Presidente Echeverría y el sector empresarial. El primero esperaba que el país retomara el rumbo de la Revolución, considerando que los frutos que produjeran el crecimiento económico deberían ser compartidos por los sectores menos favorecidos de la sociedad y que los empresarios tendrían que incrementar su participación en los procesos productivos, en la creación de empleos e iniciar una estrategia de acceder a los mercados externos y abrir la economía a la inversión extranjera compartida. Sin embargo, este llamado no generó una reacción positiva del sector empresarial, lo suyo era importar, revender, recibir subsidios, concesiones, no producir. Su objetivo, impedir que las políticas sociales, en particular las que buscaban estrechar la brecha en la distribución de la riqueza y facilitar la movilidad social no prosperaban, regresar al México perdido hacía más de cien años.
Para tal fin, el nuevo CCE no vaciló en utilizar todos los trucos, legales pero no legítimos, para atacar las políticas del gobierno echeverrista. Entre ellas destacan, no solamente por su virulencia sino también por su recurrencia y longevidad, el rumor. Entre los rumores más difundidos, se encontraban la obligación de los dueños de casas y departamentos, como si se tratara de la película, muy en boga en esos días, ’El Doctor Zhivago’, a compartirlas con las familias que carecían de un hogar y si se resistían sus propiedades serían confiscadas y utilizadas comunalmente. Otro de los rumores, quizás el más cruel, era que sus hijos serían esterilizados por medio de sustancias que contenían los desayunos escolares, además, la confiscación de las cuentas bancarias, la nacionalización de todas las empresas, la desaparición en sí de la propiedad privada, la socialización de la educación y la instalación del comunismo al estilo cubano. Este ambiente de histeria y de rumores, produjo sus frutos y propició la inestabilidad del gobierno e inseguridad social. Asimismo, justificó con creces el uso de esta herramienta de la difusión constante de un rumor y su magnificación en los medios masivos de comunicación, en forma de ’noticias’ sobre el pensar y sentir de la sociedad, dándole al final legitimidad como ’la opinión pública’.
Una vez que el CCE obtuvo un triunfo contundente, sin mucho esfuerzo, en los campos económicos y sociales en contra el gobierno del Presidente Echeverría, puso su mira en objetivos más altos y redituables, la sucesión presidencial.
De acuerdo con la información periodística de esos tiempos, los candidatos favorecidos por el Presidente Echeverría eran el Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia y el Secretario de Trabajo y Prevención Social, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo De La Vega. Y, sobre de ellos apuntaron las baterías los jilgueros del sector empresarial por medios de sus medios de comunicación, no hay que olvidar que ellos eran los dueños. Los ataques estaban destinados a señalar que eran políticos cercanos no solamente en amistad al Presidente Echeverría, sino que comulgaban políticamente y por lo tanto continuarían con sus planes socializantes y de desaparición de la propiedad privada, amen, de otras estrategias supuestas ya descritas anteriormente. Sus tácticas de presionar al presidente para que su gabinete también estuviera formado por políticos no vinculados al pensamiento socialista, fructificaron con la incorporación de José López Portillo y Pacheco como Secretario de Hacienda y Crédito Público, cuyos antecedentes maximilianistas- porfiristas-huertistas-católicos, lo hicieron ser aceptado ampliamente por el sector empresarial.
La balanza en la contienda entre los gobiernos identificados con la Revolución y el CCE se comenzaba a inclinar hacia los segundos, tendencia que se fue agrandando a medida que pasaba el tiempo, hasta el año 2000 en donde, por primera vez, se dio una transición con la llegada a la presidencia de Vicente Fox Quezada, abanderado por el Partido Acción Nacional. Entre 2000-2012 fue el período de los dos presidentes de ascendencia panista con el señalado Fox y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Ambos gobiernos se caracterizaron por un raquítico crecimiento económico (en promedio anual del 2%), altos ingresos petroleros (en el gobierno calderonista el precio del barril de petróleo llego a niveles superiores a los 80 dls.), una de los mayores déficit fiscales, una inflación superior al 5% y constante desvíos de recursos fiscales para apoyar ONGs, programas y gobiernos de tendencias claramente católicos y algunas que rayaban en corrientes fascistas disfrazadas con el aforismo de ’Desarrollo Humano’. La reacción del sector empresarial ante esos doce años de ineficiencia y corrupción fue de un silencio que sonaba a complicidad.
Sin embargo, a partir de que en las encuestas en la carrera presidencial, el candidato priista encabezaba las preferencias del votante, la maquinaria publicitaria y de los voceros, comentaristas y analistas de los principales medios de comunicación masiva iniciaron una campaña para alentar a la población sobre el retorno de la corrupción priista. Los efectos de esa campaña fueron más que satisfactorios, el problema era que la candidata panista al no contar con el apoyo total de su partido, no estaba capitalizando esta campaña, mientras que el candidato de la izquierda, Manuel Andrés López Obrador, sí. De tal forma, que los resultados finales, le dio al candidato priista, con un margen de solo tres puntos, el triunfo sobre el representante de la izquierda, mientras que el PAN fue relegado a la tercera posición.
Los inicios de la administración del Presidente Peña Nieto, marcaron una desorientación sobre la determinación en la priorización de las estrategias a seguir. Esto ocasionó que se la perdiera la oportunidad de liderar los temas a tratar y la obtención de una posición de fuerza que le permitiera al gobierno negociar no solamente las reformas que se pretendían implementar, sino las políticas económicas para enfrentar la tendencia hacia la baja de la economía que se había heredado. Desde el principio el gobierno perdió la iniciativa, el liderazgo. Primero pasó a una situación de contención para posteriormente llegar a una de retroceso, de retirada.
De igual forma, la derecha fundamentalista, el sector empresarial y el PAN marcaron su tesis y estrategia primordial: la corrupción era la causante de todos los males del país, su ineficiencia, su escaso crecimiento, su poca competitividad, su ineficiencia y su origen eran los gobiernos priistas, por lo tanto, era necesaria una Ley Anticorrupción y todo un aparato burocrático que lo operase. La redacción y aprobación de dicha ley, se vieron envueltos en problemas que se identificaron como de redacción por la inclusión de la obligación de cumplir con la declaración ’tres de tres’, por parte de los empresarios que, por alguna razón recibieran recursos gubernamentales, bajo el supuesto de que se afectaría su derecho a la confidencialidad. El presidente de la república, después de tener una reunión con el CCE, sin que el público en general tuviera acceso al contenido de lo expuesto en dicha reunión, aquí no procedió aquello de la transparencia y el derecho a la información. Se dio a conocer que debido a que la posición y argumentación del sector empresarial sobre la imposibilidad técnica de captar todos los datos que se requerían, producirían un mar de papel lo cual invalidarían el objetivo de la ley. Obviamente, se ignoró que esa información ya estaba en manos del gobierno, principalmente de los beneficiarios de los programas de apoyo y estaban capturados electrónicamente. Señores empresarios, ya vivimos en la era de la informática.
Sin embargo, al desechar la obligación de cumplir parcialmente a los empresarios de la ley anticorrupción por medio de un formato, que será elaborado a la medida, se logró esconder el objetivo principal del cambio de la ’redacción’ que consistía en la obligación de proporcionar todos los datos de los dirigentes de los ONG y su declaración de no tener intereses que pudieran constituir un conflicto. Los mayores recursos gubernamentales que se destinan a organismos con fuertes lazos con consorcios empresariales, cuyo objetivo, es precisamente en la difusión de sus ideales cuyos contenidos son altamente religiosos. No se conoce de ningún miembro del CCE que no sea católico. También se pondría en evidencia no solamente los montos que reciben los organismos principales y que están administrados por religiosos, especialmente de la Iglesia Católica. Como lo señaló el presidente del CCE, los objetivos de la ley y el sistema anticorrupción eran controlar el gobierno, el priista, y no a los empresarios. La corrupción solamente tiene un culpable, el PRI y una sola víctima el CCE.
El aparato de manipulación de los medios masivos de comunicación trabajó con eficiencia increíble hasta el grado de convencer a la población para que aceptara la necesidad de emprender una cacería de bujas. Según ellos, urge una depuración de los causantes de la perdida de la moral en la nación. Los inquisidores están en acción y los descendientes del monje dominico, Tomás De Torquemada, tienen listas las hogueras para los corruptos. Al país, lo están convirtiendo en una sociedad moralina-enajenada, con una corrupción intelectual sin precedentes, en donde la sede del poder está pasando de Los Pinos a la Avenida Reforma. Todo esto es producto de una estrategia enajenadora que, disfrazada de combate a la corrupción, esconde los objetivos de hacerse del poder vía la eliminación de su fuente original: el PRI. Con ello, finalmente, podrán lograr la moralización de la población mediante su ’desarrollo humano’ y el ’bien común’. sergiocastro6@yahoo.com
Añadido: Las fuerzas centralizadoras han logrado que asuntos que le competen al poder judicial sean determinados por el ejecutivo. Un caso es el de la supuesta violación de la confidencialidad de los derechos empresariales y otro se refiere a la inconstitucionalidad en que supuestamente cayeron los gobiernos estatales de Veracruz y Quintana Roo. No hay duda de la intencionalidad de los gobernadores, lo que preocupa es la suplantación de la interpretación de las leyes por parte del ejecutivo, en ambos casos para complacer a la derecha reaccionaria, cuando esa función que le corresponde exclusivamente al poder Judicial. Lo federal desaparece, irremediablemente, la existencia de lo estatal es sustituido por un concepto vago: ’nacional’.