Entre los estudiosos y los actores de la política es ampliamente conocido que la existencia de una sociedad democrática requiere de la pluralidad de ideas y la libertad para expresarlas y difundirlas. Para ello, debe también contar con los medios y vehículos adecuados para sostenerlas y promoverlas, los partidos o movimientos políticos. Asimismo, se reconoce que a medida que crece el número de estos medios (los partidos) políticos, la tendencia de que se traslapen las ideas y propuestas de los mismos se incrementa. En este contexto, sí su número aumenta en forma desproporcionada, el electorado puede llegar a confundirse. Sin embargo, también es factible que, por su afinidad política o convergencia de objetivos, los partidos busquen y alcancen acuerdos y alianzas electorales.
De igual forma, se acepta que, en el juego político-electoral, el medio y el poder del elector para premiar, legitimar o castigar la actuación de un mandatario, funcionario o legislador, se manifiesta al momento en que el ciudadano emite su voto en las urnas. Lo anterior permite que, en una sociedad democrática, el ciudadano tenga el poder de decidir, si quiere ser gobernado por el partido en el poder o si considera que es mejor seleccionar otra opción para dar paso a la alternancia. Otro de los factores que propician la existencia de los acuerdos, es que además del realizado entre los candidatos y los electores, en el cual se conoce el objeto del acuerdo y la vía de sanción en caso de incumplimiento, encontramos aquellos acuerdos que se realizan entre partidos políticos, dentro de los partidos políticos y con agentes que no son regulados por la normatividad que rige a los partidos políticos, pero que actúan y acuerdan asuntos de carácter netamente políticos como son los empresarios, movimientos “sociales” y las “ONG´s”.
Para la existencia de un acuerdo se requiere de las siguientes condiciones: por lo menos dos interesados en realizarlo; estar definido el objetivo(s); las reglas sobre las cuales operará; las responsabilidades, beneficios y sanciones que se tendrán; y, por último, cuál será su duración.
Como señalamos anteriormente, en la arena política, existe, como punto de partida, el acuerdo o “contrato” que realiza el elector con el elegido al emitir su voto. Con ello determina quien, de la gama de alternativas que le presenta el sistema electoral, es afín a sus expectativas o por lo menos se acercan a ellas. Sin embargo, en una sociedad tan compleja como la nuestra, el ciudadano pierde rápidamente la facultad de dar seguimiento directo de la actuación de su elegido, cediéndola a los medios de comunicación o a la llamada opinión pública. Con ello, el pacto original de elector-elegido, pasa a formar parte de las herramientas de negociación de otros jugadores, tales como son: otros partidos políticos, organizaciones políticas, laborales, empresariales, sociales y religiosas.
Al trasladarse la capacidad de negociación y realización de acuerdos del elector inicial a otros estadios de las estructuras del poder, la claridad y por lo tanto, la transparencia del juego político comienza, para el ciudadano común, a tener un matiz muy nebuloso e incomprensible. Ejemplo de esto son las alianzas entre fuerzas con ideologías diametralmente opuestas, como son las del PAN con el PRD, o supuestamente afines, como las de Movimiento Ciudadano y MORENA, con objetivos tan difusos como el combatir la corrupción, restablecer la democracia, o un estado más justo, entre otros. Sin embargo, todo ello acaba convertido en un disfraz detrás del cual se oculta el interés real de dichas alianzas: sacar y/o eliminar al PRI de la arena político-electoral.
Así, tenemos, que los objetivos de los actores políticos que se rigen por la normatividad del juego electoral son ampliamente conocidos y, de acuerdo a la ley electoral, como condición en la obtención de su registro, todo partido u organización política deben manifestar por escrito, sus “Principios Básicos”, esto es, los objetivos que quieren lograr como partido. En apariencia, todo se desarrolla bajo un manto de trasparencia nítida, misma que se diluye cuando tratamos de ver y comprender los medios que se usan o tienen que utilizar los partidos para la consecución de esos objetivos. Las estrategias, las acciones y los acuerdos abandonan el campo de la transparencia y se trasladan a recintos con mayor privacidad, a lo obscurito, al mundo de los “intereses reales”, al de la democracia en las sombras.
Sin embargo, con las recientes participaciones de los candidatos sin partido, llamados “independientes”, de acuerdo a la normatividad electoral, ésta solo cubre el aspecto de financiamiento de recursos fiscales, sin tener claridad sobre los objetivos e intereses que apoyan y mueven sus campañas. De igual forma, con los “gobernantes independientes”, los electores pierden su derecho de vigilar y consecuentemente la de sancionar y legitimar la actuación del gobernante o legislativo, se pierde la obligatoriedad de la rendición de cuentas. La validez, del pacto o acuerdo entre el votante y el gobernante elegido tiene la temporabilidad de la emisión del voto.
Supongamos, una situación en donde un gobernante que fue elegido con la etiqueta de “independiente” y que, al momento de ejercer el cargo, su gestión no satisface las expectativas de la población que le creyó durante su campaña, pero sí, está cumpliendo los acuerdos, no visibles, ni conocidos, con los grupos del “poder invisible”, léase empresarios, organizaciones y partidos políticos que le otorgaron a trasmano apoyo político y financiero. En este escenario también está contemplado que dentro de esos grupos empresariales se encuentren los grandes consorcios de los medios de comunicación, con lo cual la probabilidad de que el ciudadano pueda manifestar y por lo tanto, ejercer su derecho a exponer su malestar, de aprobar o sancionar la actuación del gobernante independiente, se diluye hasta desaparecer del campo político. Sin embargo, es factible argumentar que se cuentan con otros medios a través de los cuales la población se puede comunicar de manera inmediata y exponer sus ideas sin ninguna restricción, refiriéndose, principalmente, a las redes sociales electrónicas. Quienes sostienen esta aseveración omiten señalar que las redes sociales electrónicas, para diferenciarlas de otras redes que existieron en otras épocas, son como las abejas en los panales. Al momento de sentir que algo turba su normalidad, se expanden en todas direcciones con una rapidez increíble, pero, primero, algo o alguien tiene que alborotar el panal. Nosotros siempre hemos afirmado, “no creemos en las casualidades, creemos en las causalidades”.
La tendencia del ser humano, de mantener oculto sus intenciones a sus congéneres, forma parte de nuestro arsenal genético, viene inscrito en el instinto de supervivencia que nos ha protegido durante tantos años. La exigencia de transparentar las acciones del gobierno, por parte de sus opositores, no radica en un convencimiento o aceptación de que esta constituya una práctica sana para la convivencia social, sus razones tienen más raíces en un aspecto de autoprotección, de autoencubrimiento, de ser una simple herramienta de ataque. Si un político expone alguna acción que tenga elementos de ilegalidad, con ello, busca obtener, no solamente los beneficios políticos que puedan acarrear el hacer pública esa acción que su contrincante pretendía se mantuviera oculta, también, logro un estatus de honestidad que le puede blindar de acciones que posteriormente realice. Si destapo una cloaca, es que no estoy en la cloaca. Cualquier semejanza con el proceder de los grupos reaccionarios, es pura coincidencia. Con esto, no pretendemos favorecer la idea de que no se expongan las violaciones a la ley, a lo que nos oponemos, es que se pretenda defender la ley con ilegalidad. Con la premisa de que “el fin, justifica los medios”.
Con anterioridad, ya habíamos señalado que la fuerza y la validez de las reglas es que, quienes aceptan jugar, las acepten y las cumplan. El juego de la política, como en todo juego, requiere y exige, que sus participantes se atengan a la reglamentación que le da vida al juego, por lo que, si uno o más de uno, pretenden estar dentro del juego, pero sin estar sujetos a esas reglas y le es tolerado su proceder, dándole ventajas sobre los otros contendientes, ocasionaran, primero, la ruptura del principio de equidad y segundo, pondrán en riesgo al juego y al sistema democrático como un todo.
Las sociedades democráticas, se aceptan, bajo el supuesto de que están gobernadas por individuos electos por una mayoría, cualquiera que sea su número o porcentaje, y que, son supervisados, legitimizados y sancionados, no por esa mayoría, sino por la totalidad de los integrantes de esas sociedades. Pero, también se acepta, que la complejidad de nuestra sociedad nos orilla a ceder parte de nuestros derechos para ser representados por grupos o asociaciones políticas legalmente constituidas, esto transforma a nuestra democracia de representación directa a una corporativa, a una partidocracia.
Al evolucionar, la estructura de representación de una democracia que se desarrolla en una sociedad económicamente avanzada, la administración y la complejidad también evolucionan con ella, haciendo necesaria la existencia y gobernabilidad de acuerdos entre esos grandes grupos, que por la diversidad de intereses y representatividad orillan a la existencia de esos acuerdos o tratos, se realicen fuera de la esfera del conocimiento de la población en general, con lo cual nuestra democracia de representación individual, sufre una metamorfosis hasta llegar a una democracia de grupos, de conglomerados, una democracia en las sombras. sergiocastro6@yahoo.com.mx
Añadido: ¿Sí el PAN, tenía en su poder esa grabación, porque no la dio a conocer desde el inicio? ¿Por qué, exigió el recuento de votos una y otra vez? ¿Por amor a la legalidad, a la honestidad?, no lo creo. ¿Usted, qué piensa?