Dentro de las sentencias diversas emitidas por uno de los dos estadistas que ha dado nuestro país, Benito Juárez, se encuentra una que, para nosotros, resulta muy aleccionadora, dado que se puede utilizar para el accionar cotidiano aun cuando fue dirigida a los gobernantes y, es: ’no denigra al hombre equivocarse, sino persistir en el error’. Lo anterior, nos denota, que el hombre es propenso a cometer equivocaciones, que forma parte de su naturaleza, sin embargo cuando tiene una propensión a seguir insistiendo en ese error, principalmente en la toma de decisiones y máximo cuando estamos hablando del ejecutivo federal, las consecuencias para él y, por desgracia para toda la población son considerables.
A partir, de la andanada financiada y promovida por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sobre la instauración de una Ley Anticorrupción o ley ’tres de tres’, por su obligatoriedad de presentar tres declaraciones: la patrimonial, la fiscal y la de conflictos de intereses. Así como la existencia de un organismo ’independiente’, el Sistema Nacional Anticorrupción, con su respectivo fiscal, destinado a vigilar el seguimiento, cumplimiento y, en caso de violación, dictaminar las sanciones correspondientes. Desde el inicio de la presente administración la actuación de la presidencia de la república ha ido de mal en peor. Para ello, repasemos los hechos y veamos si nuestra percepción particular es solamente eso, una percepción y no la descripción de una supeditación del accionar del ejecutivo y los órganos subordinados a su ámbito de control a los deseos, utilizo la palabra deseos porque los diferentes cambios de opinión del CCE, fueron acatados por la estructura de los poderes ejecutivo y legislativo.
En nuestros escritos ’Hablemos de Anticorrupción o de los Nuevos Moralizadores I y II’, se describe la posición tomada por el CCE respecto al tema de la corrupción, parte de su organismo estrella el ’Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.’, los cuales se identifican, así mismos, como un ’think tank’ (tanque pensante), destinado primordialmente a generar propuestas para eliminar o crear nuevas políticas públicas destinadas a incentivar la productividad y competitividad de las empresas. Las propuestas no son para el sector privado, ellos son, ’per se’, productivos, eficientes, competitivos, pero el gobierno no los deja ser, les impide realizarse plenamente. Y, después de exhaustivos y sesudos estudios y análisis, el instituto en cuestión concluyó que la causa principal que afectaba e impedía que el sector privado se desarrollara y compitiera plenamente era la ’corrupción priista’, digo ’priista’, porque los sexenios de Fox y Calderón no son mencionados como productores y propiciadores de corrupción o evidencia de ella. Lo omitieron o, simplemente lo ignoraron.
El segundo punto, corresponde al proceso de aceptación de que se legislara acerca del combate contra la corrupción, el contenido de la ley y quienes estaban obligados a ella. Después se realizaría la petición, tras la obtención de las 650,000 firmas por parte del CCE, en donde se le pedía al Congreso legislara sobre la materia. Los trabajos para tal fin se iniciaron en la Cámara de Senadores, todo ello, a partir del contenido en la propuesta original y como en todo proceso legislativo se fue modificando de acuerdo a las propuestas de las diferentes corrientes políticas y como resultado de tal proceso en ese proyecto de ley, se especificaba que la obligación de presentar las declaraciones ’tres de tres’, abarcaba a todo funcionario público, propietario de empresas bajo el régimen de causante físico o dirigentes de empresas de orden público como causantes morales, ONG´s o personas que recibiera recursos públicos. Una vez que el legislativo aprobó la ley, esta fue enviada, como establecen las disposiciones legales, al presidente de la república para su revisión, aceptación, firma y posterior promulgación.
Sin embargo, en ese lapso, el CCE solicitó, y se le otorgó, una audiencia con el presidente de la república para exponer sus puntos de vista sobre algunos aspectos, principalmente los que a su ver ponían el derecho a la confidencialidad de los particulares, que podrían ocasionar una avalancha de demandas y hasta una controversia constitucional. Después de esta reunión, el presidente ’revisó’ y concluyó que los puntos señalados por el CCE eran ’correctos’, por lo que realizó las modificaciones en donde se eximia a los empresarios y las ONG´s de la obligatoriedad de presentar la declaración en materia de conflictos de intereses, las otras dos: la patrimonial y la fiscal ya se venían realizando, por ser parte de la Ley de Adquisiciones emitida por la Secretaría de Hacienda. El Presidente tenía una salida y esta era aprobar la ley sin modificaciones, dejando que el CCE, si en realidad tenían la razón jurídica, presentaran ante la Suprema Corte de Justicia la controversia que ellos argüían. Esto es, dejar que el organismo supremo sobre la constitucionalidad de una ley decidiera sobre la materia, al no hacerlo, el presidente se abrogó la responsabilidad que en el futuro se tuviera sobre el particular. Esto, no tardó mucho en presentarse.
Antes de la promulgación en el Diario Oficial de la Ley Anticorrupción, los gobernadores salientes, de los Estados de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, todos del PRI, designaron el fiscal anticorrupción de sus respectivas entidades. Esto provocó una contrariedad no solamente en el Ejecutivo Nacional, sino también, lo cual es más relevante, en el CCE que manifestaron su inconformidad mediante sus medios masivos de comunicación, los cuales al unísono manejaron la tesis de que dichos gobernadores estaban blindando sus administraciones y con ello buscaban esconder sus actos de corrupción. Por su parte, el gobierno federal reacciono por medio de su Procuradora General de la Nación, Arely Gómez González, quien informó que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto estaba presentando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del accionar de los gobernadores antes mencionados.
Si bien es cierto, es importante el recurso de controversia por la acción de los gobernadores y suponiendo que la finalidad de su proceder es para cubrir malos manejos y desviación de los recursos, lo que se puede vislumbrar es que existe un ámbito mayor de discusión, tanto en la postura de los gobernadores como en la posición del gobierno federal y del CCE. Dejando a un lado el veredicto de sí son o no corruptos los gobernadores, a los cuales ya se les juzgo y, por lo menos se dieron a conocer los veredictos e intenciones de castigo, serán encarcelados, valdría la pena sondear otras implicaciones que este debate nos puede conducir y, es, hacer un paréntesis y analizar el estado que guarda nuestro federalismo y el rumbo que ciertos grupos quieren que tome. No se trata únicamente un asunto de corrupción, eso es únicamente una bandera, muy vendible sí, pero que no resiste el más pequeño análisis, nadie se va oponer a una campaña moralizadora. De igual forma, se reconoce que detrás de las buenas intenciones existen muchos propósitos, la mayoría no conocidos, que nos pueden llevar a un infierno insospechable.
El debate debería ser sobre como todas estas acciones, programas, políticas y leyes que fundamentadas en endebles argumentos de mayor eficiencia, eficacia, de menores costos y corrupción, están realmente cimentados. No en los estudios de tal o cual organismo internacional, los cuales ignoran variables tan relevantes como el grado de concentración en los factores de producción, de distribución y de la riqueza. Tampoco, nos dicen nada sobre la existencia de una correlación o causación entre esas variables con la pobreza, con la falta de movilidad social y económica; con las oportunidades de crecer no solamente como sociedad, sino también como individuos; con la violencia; y con la corrupción. Nada de eso es analizado y simplemente se aceptan las conclusiones sin que exista ninguna discusión seria.
Podemos aceptar sin conceder que, como dicen los abogados, muchas de las actividades que actualmente realiza el Estado podrían ser transferidas al sector privado, pero deberían seleccionarse razones más creíbles. Actualmente, no se pueden argumentar factores como mayor eficiencia, eficacia, calidad y menores costos de producción y operación los cuales redundarían en los precios al consumidor final, la historia, no muy lejana, nos dice, que por lo menos con nuestro sector empresarial, eso no se dio en el caso de la telefonía, el servicio postal, las carreteras, el comercio al menudeo, la educación y la salud.
Actualmente, bajo el pretexto de la caída de los ingresos del gobierno por los bajos precios del petróleo, el gasto público debería reducirse a fin de que no se provoque un déficit fiscal y para cubrirlo se tenga que recurrir al crédito, principalmente interno, con lo cual se manifestaría en un incremento de las tasas de interés. Se olvida que en México, cuando las tasas de interés suben en los EUA, en México también, pero mucho, mucho más, y cuando las tasas de interés bajan en aquel país, en el nuestro no pasa nada, permanecen sin cambio, esa noticia no les llego a nuestros banqueros. La argumentación, que proviene de los mismos defensores de la anticorrupción, solo sirve para esconder en sistema de mercado monopólico, de nula o poca competencia, quieren un gobierno policía, no un gobierno regulador.
Es encomiable, que el presidente del PRI iniciara una gira de trabajo para entrevistarse con gobernadores y presidentes municipales de su partido, encomiándolos a ser cuidadosos de los recursos fiscales que les fueron encomendados, a destiempo y dando la impresión de que son obligados o por lo menos, para cumplir con una demanda del CCE. Sin embargo, sin dejar de atender el tema de la corrupción y encomiar a los diputados locales del PRI se conviertan no solamente en vigilantes del actuar de las autoridades emanadas de su partido, sino también, en críticos y fiscales de los gobernantes de otros partidos, los recursos fiscales son ejercidos por todos los partidos no solamente por el PRI.
De igual manera, ampliar la temática y la narrativa del partido, retomar temas que de cuando en cuando y siempre de manera muy tímida se ha expuesto, como los apoyos a los partidos políticos y las ONG´s dedicadas más a cuestiones políticas que de bienestar social. De igual forma, de esclarecer la responsabilidad de la iniciativa privada en la creación de la contaminación tanto en el aire como en el agua, recurso extremadamente escaso y, la deforestación. Contaminación que, en la Ciudad de México y la megalópolis, es causada principalmente por la industria. Sin embargo, cuando se habla de trasladarla hacia otras regiones, se esgrime el argumento de que hacerlo, implicarían un incremento de costos o la realización de una reconversión productiva incidiría negativamente en el nivel de empleo. Las razones tienen su grado de validez, pero diferir las soluciones implicaría, eso sí, heredar a nuestros hijos no solamente un mayor costo sino también una cultura de no enfrentar, ni responsabilizarnos de la solución de los problemas y, de que es mejor diferirlo, en este caso, a nuestros nietos, con los ya conocidos, pero no divulgados, como son las enfermedades cardiovasculares, pulmonares, cerebrales o de gestación, abortos o genéticos.
De igual forma, proponer la necesidad de crear un frente para que el país retome la ruta de la civilidad, no es la calle, ni bloqueado vías de comunicación, tampoco exigiendo imponer criterios en reuniones públicas o muy privadas. Se debe luchar para que la ruta de la legalidad no sea suplantada por la de la ilegalidad, por más justas que sean las demandas solicitadas. La imposición de una minoría al restante de la ciudadanía y al estado de derecho, solamente nos está llevando a un callejón sin salida, a la ingobernabilidad y sí perdemos la gobernabilidad todos, al final saldremos perdiendo. El PRI, debe ser el paladín del retorno a la civilidad, la gobernabilidad, de la posibilidad de vivir en paz, de seguir desarrollándonos como nación.
El PRI, como se menciono anteriormente vive y enfrenta una de las mayores crisis de su historia, pero que tiene ante sí la gran oportunidad de volver a retomar el liderazgo de los temas mucho más importantes y que han sido relegados por otros, también importantes, pero más vendibles como es la corrupción y principalmente la idea que es la única causa y su indiscutible origen de todos los males que padecemos como sociedad. La pobreza, una situación que lacera, debe ser tratada, no como una cuestión exclusiva del gobierno, también deben ser aclaradas las responsabilidades de la iniciativa privada, los supuestos ONG´s, la Iglesia Católica, los ’think tank’ del CCE y el CONEVAL que amplíen sus evaluaciones con soluciones y principalmente que expongan las razones históricas de la existencia de la pobreza, además cual sería su contribución para disminuir ese flagelo, que en lugar de disminuir crece constantemente, no importando la metodología estadística que se utilice. El pobre, es pobre, no importa como se le cuantifique y la responsabilidad de su existencia, no es delegable.
La tarea del PRI, no está limitada a una reorganización, si es una condición importante, pero su desafío toral es la determinación de quien es como partido, como ha actuado como gobierno, ha cumplido con las expectativas que creo ante la sociedad que lo eligió, ha conservado o incrementado su voto duro, tiene los elementos y los argumentos para enfrentar las próximas elecciones tanto en las de 2017, tres gubernaturas, Nayarit, Coahuila y Estado de México, como las de 2018. Tiene la madurez de que por priorizar el triunfo de manera indiscutible, sin definir qué es eso, en el Estado de México, se descuiden los otros estados.
Esta, y otros asuntos de recomposición del PRI son los que enfrenta el nuevo presidente de dicho partido, sin dejar de lado, la operación cicatriz con el anterior dirigente, Manlio Fabio Beltrones por hacerlo único responsable de la perdida de gubernaturas en las pasadas elecciones, eludiendo la participación y responsabilidad del accionar de algunos secretarios miembros del gabinete para que se dieran dichos resultados. Mantener la autocrítica dentro y fuera de los muros del PRI y los priistas es quizás el mayor reto para el partido en lo general y para su recién nombrado presidente Enrique Ochoa Reza. Comenzar a comportarse y accionar como un partido real, como un celoso vigilante de la honorabilidad de sus militantes y primordialmente los elegidos para cargos en todos los niveles, ya sean del área ejecutiva o legislativa. Para ello, tiene que tener, como manifestó una vez el Presidente Zedillo, ’una sana distancia’, porque solo cuando exista esa distancia se puede actuar con independencia. Es hora de tomar la iniciativa, de recobrar espacios, de hacer política, sin olvidar la disciplina, pero eso sí, dejando a un lado la subordinación. sergiocastro6@yahoo.com.mx
Anexo (1): Los integrantes del CCE, no contentos de que se le eximiera de estar sujetos a la ley tres de tres, ahora pretenden que, por los bloqueos de la CNTE, se les dispense de pagar impuestos.
Anexo (2): ¿De donde habrán salido las más de 650 mil firmas que presentó el CCE, de ciudadanos comunes o de sus empleados? De haber sido por los segundos, estamos a un paso de sufrir, como lo viven actualmente Venezuela y Brasil, un golpe de estado constitucional. Todo, bajo la bandera de la anticorrupción o la ingobernabilidad.
Anexo (3): ¿Se estarán dando cuenta los dirigentes verdaderos de la CNTE cuál ha sido su papel real en el movimiento magisterial?