Un duro revés se llevaron los gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo y de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, cuando el gobierno federal intervino para frenar una serie de reformas propuestas a sus respectivos Congresos locales.

Por eso sonó fuerte la decisión de la PGR de presentar acciones de inconstitucionalidad en la Corte en contra de los gobiernos de Quintana Roo y Veracruz y su propósito de blindar su salida del gobierno estatal, prevista para septiembre en el primero de los casos y finales de noviembre en el segundo

Los gobernadores Roberto Borge Angulo y Javier Duarte de Ochoa, decidieron, por separado, aprovechar sus últimos momentos como gobernantes para proponer a sus Congresos una serie de reformas que son consideradas como contrarias al Sistema Nacional Anticorrupción.

Asimismo habían propuesto el nombramiento de una serie de funcionarios con carácter transexenal que fue visto como un blindaje en favor de los gobernadores salientes, ya que se trata de personajes cercanos a su equipo.

Lo de Borge y Duarte estaba considerado como un escándalo de cinismo y abusos de autoridad, ante la promesa de los nuevos gobernantes realizadas durante las campañas electorales, de que sus antecesores irían a la cárcel.

En Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien asumirá la administración estatal por dos años, a partir del 1 de diciembre, solicitó a intervención del Ejecutivo federal para frenar este tipo de maniobras del actual gobernador.

Yunes Linares consideró un abuso las propuestas al Congreso por parte del gobernador saliente, ya que le impedirían el investigar el manejo de su administración, a la que cuestiona como corrupta.

En el caso de Quintana Roo, el gobernador electo, Carlos Joaquín González ha sido enérgico para condenar las acciones del gobernador Borge Angulo, aunque su propósito de llevarlo a prisión no es tan enfático como el de Yunes Linares.

Y es que los dos gobernadores, considerados junto con Manuel Velasco Coello, como el trío de mandatarios más jóvenes del país, usaron la guerra sucia en contra de los candidatos de oposición que finalmente ganaron la elección.

Borge y Duarte se fueron encima de Joaquín y Yunes, durante las campañas electorales, difundiendo a través de sus empleados una serie de versiones que los vinculaban con la corrupción, abusos y hasta vínculos con la delincuencia.

Nada de esos les funcionó y finalmente los ciudadanos dieron el respaldo a los candidatos de la alianza formada por el PAN y el PRD en Quintana Roo y Veracruz.

Fue por eso que tanto Borge como Duarte decidieron asumir otras medidas que pretendían el blindaje de su administración y, principalmente, de sus personas.

De ahí que la intervención del gobierno federal se dio en un anuncio realizado conjuntamente por el vocero presidencial, Eduardo Sánchez y Salvador Sandoval Silva, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.

En su explicación, los funcionarios del gobierno federal precisaron la necesidad de que sea la Corte la que analice dichas reformas, toda vez que ante la falta de competencia de los Congresos de las entidades federativas mencionadas (en esta caso Quintana Roo y Veracruz), se generará en perjuicio del Sistema Nacional Anticorrupción, una inseguridad jurídica que pon dría en riesgo las reglas de este sistema.

Por eso, explicaron, que lo solicitado con las acciones de inconstitucionalidad es que la Suprema Corte de Justicia advierta que las entidades federativas carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción, sin que se hayan creado las leyes generales correspondientes y mucho menos pueden hacer nombramientos en esas materias.

De acuerdo con Sergio Sandoval, el Sistema Nacional Anticorrupción requiere homogeneidad, coordinación y un pulso adecuado, por lo que el nacional y los sistemas estatales deben ser coherentes, pues de otra manera no podrá concretarse el propósito.

Recordó que los Congresos de Quintana Roo y Veracruz aprobaron diversas reformas y realizaron diversos actos que no son acordes al sentido y fin de la reforma constitucional en la materia del 27 de mayo del 2015 que establece la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo principal es el de concretar una serie de mecanismos que permitan frenar el abuso de poder, no propiciarlo.

El anuncio del gobierno federal ocasionó la reacción del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ya que retiró sus propuestas para nombrar un Fiscal y tres magistrados anticorrupción, luego de que los miembros de la terna propuesta declinaron continuar dentro de ella.

Duarte de Ochoa también pidió al Congreso del estado declarara desierta la convocatoria para elegir al Fiscal anticorrupción, sitio destinado a uno de sus principales colaboradores, cercano a su afecto.

Con todo y ello el candidato priista perdedor en los comicios del pasado cinco de junio, Héctor Yunes Landa, anunció que solicitará al gobernador Javier Duarte de Ochoa se separe del cargo, pidiendo licencia y se someta a una investigación.

Por su parte, Roberto Borge Angulo, gobernador de QR, señaló que no ha promovido la creación de ningún sistema anticorrupción y que tiene muy claro que siempre, sin excepción alguna, habrá que ajustarse con pleno respeto a las disposiciones, leyes y ordenamientos federales, como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).



INVESTIGAN AL PROCURADOR DE SINALOA



La PGR cuenta con varias denuncias en contra del Procurador de Justicia de Sinaloa, aunque la más reciente radica en el Congreso del estado y es una solicitud de juicio político en contra de Marco Antonio Higuera Gómez.

La solicitud fue promovida por un grupo de empresarios, encabezada por Pedro Zaragoza Delgado y establece que el procurador favorece los intereses del despacho de abogados de su hijo, Edgar Alberto Higuera Beltrán.



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