EN PARTE, EN GRAN PARTE, el Gobierno federal es el culpable de los actos violentos que llevan a cabo los maestros, aglutinados en la Cnte, en contra de la mal llamada ’Reforma educativa’. Por supuesto, los gobiernos de los estados tienen lo suyo, y en consecuencia, como bien reza el dicho: ’En el pecado llevan la penitencia’. Es pues, su creación, su Frankenstein.



Porque, hay que decirlo, han sido los gobiernos de los estados, con la complacencia y el visto bueno del Gobierno federal, los que incluso alentaron y han financiado a esta organización magisterial, al darles no solo plazas, comisionados y recursos, sino también un trato preferente en las negociaciones, aun fuera de la ley.



Es cierto. No es de ahora, pero cómo es posible que el Gobierno federal negocie con la Cnte, recursos, plazas y comisionados, e incluso le apruebe sus propias demandas, si jurídica y técnicamente no tienen la representación legal del magisterio? Cómo es que los gobiernos de los estados, también les dan recursos, plazas y comisionados, y otras prebendas?



Jurídica y técnicamente a nivel federal la representación legal del magisterio la tiene, quiérase o no, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y en los estados las delegaciones de esa organización sindical, sin embargo, tanto a nivel nacional como en el ámbito estatal, los gobiernos tratan con la Cnte, y su similar en las entidades como si tuvieran el carácter de oficial.



No se entiende, ciertamente, el trato que se le da a la Cnte, incluso, por sobre el SNTE, como ocurre, por ejemplo, en Guerrero, en donde la Coordinadora estatal de trabajadores de la educación (Ceteg), tiene 400 comisionados y hasta hace poco, 300 mil pesos que de manera mensual le entregaba el gobierno estatal, además de otras canonjías como coordinaciones, supervisiones y la facultad para proponer maestros o hacer cambios, cuando eso no lo tiene la Sección 14.



No es nuevo que la Cnte presente, tanto a nivel federal, como en los estados donde tiene presencia, su propio pliego petitorio, pero además, que obtenga acuerdos en franca violación a la ley, toda vez que el Contrato colectivo de trabajo lo ostenta el SNTE. Eso lo saben los gobiernos, y sin embargo, lo siguen haciendo, lo que significa que son culpables de ello.



En consecuencia, se entiende que si la Cnte, y su similar en Guerrero, la Ceteg, han conseguido canonjías aún por sobre la ley, es lógico que quieran seguir haciéndolo, lográndolo como ha ocurrido siempre, a través de la presión que hoy se traduce en marchas, bloqueos de calles y carreteras, incendiando edificios públicos y cerrando o saqueando negocios, precedidos de actos vandálicos y delincuenciales.



Y de esto, hay que decirlo, tiene la culpa el Gobierno federal, como los de los estados, como ocurre con el caso de Guerrero, cuyos gobiernos le han dado todo lo que pide la Ceteg, con el fin de tenerla contenta o incluso, de aliada. De esto muy bien lo saben al menos cuatro ex gobernadores, empezando por Ángel Aguirre, cuando encabezó la gubernatura bajo la figura de sustituto.



Y EN OTROS ASUNTOS, Acapulco y Chilpancingo forman de las 14 ciudades más violentas de América Latina, de acuerdo a un informe presentado en el Foro Económico Mundial Latinoamérica, que tuvo ligar en Medellín Colombia, los pasados 16 y 17 de junio. De acuerdo a este informe, presentado por el Instituto Igarape, con sede en Río de Janeiro, y que se dedica al estudio de la seguridad y la justicia, Acapulco ocupa el lugar número 5, y Chilpancingo el 9, quienes cuentan con el mayor de homicidios registrados en el país en el 2015.



Por cada 100 mil habitantes, en Acapulco ocurrieron 107 homicidios, y en Chilpancingo 81. La lista de las ciudades más peligrosas de América Latina la encabeza San Salvador, El Salvador, con 180 asesinatos; le sigue Besseterre, capital de Saint Kitts y Navis, en el Caribe, con 132; luego, Caracas, Venezuela, con 119; en cuarto lugar se sitúa San Pedro Sula, Honduras, con 111; y Acapulco, México, con 107 homicidios por cada 100 mil habitantes.



Belmopan, Belice, con 93 homicidios; Soyapango, El Salvador con 82; The Valley, de la colonia británica Anguila, con 81; en el noveno lugar se encuentra Chilpancingo, México, con 81; Guatemala, Guatemala con 75, así como el Distrito Central, Honduras. Las últimas tres ciudades de la lista son Serra, Mossoró e Imperatriz, las tres de Brasil. El informe de referencia señala que el desempleo y la desigualdad social son factores que influyen en el incremento de los niveles de violencia.



LA UNIÓN DE PUEBLOS y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) que impulsa la elección por usos y costumbres en Ayutla de los Libres, demandaron que se respete los resultados de la consulta realizada por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) anuló los resultados y ordenó la realización de otra.



Cabe señalar que la Upoeg y los pueblos que están a favor de la elección por usos y costumbres interpusieron un amparo contra la resolución del TEE, pues argumentan que se debe respetar la voluntad de los pueblos, aunque en la consulta ciudadana realizada por el TEE, tuvo diversas irregularidades que fueron impugnadas por los partidos políticos, quienes a decir de Bruno Plácido, son los que han dividido a las comunidades indígenas.



Por cierto, los policías comunitarios de la Upoeg, precisamente los que se encuentran en Ayutla, siguen haciendo de las suyas en contra de la población, a quienes ultrajan, roban y golpean en los retenes que tienen en ese municipio. Son pues, unos delincuentes, aunque en mi pueblo los llaman bandidos.



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