FINALMENTE EL DELEGADO estatal de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, dio una. Y es que sin ser policía encabezó el desalojo en el fraccionamiento El Mirador, en donde 130 viviendas, de las 598 ahí construidas en beneficio de las familias damnificadas por el huracán Manuel y la tormenta tropical Ingrid, se encontraban invadidas por personas ajenas, entre ellas profesores de la Ceteg, policías del estado y presuntos periodistas, sin ser, precisamente damnificados.
Ciertamente no es el único caso en que diversos sujetos, sin ser damnificados de las torrenciales lluvias de septiembre del 2013, se apoderen de casas que el gobierno federal les construye a los que en su momento perdieron todo su patrimonio. Al respecto hay muchas denuncias, como también que en su momento diversas familias fueron engañadas con la entrega de un folio que las identificaba como damnificadas, y al final de cuentas se benefició familiares, vecinos o compadres de políticos de los funcionarios del gobierno.
Hay que decirlo. Más allá del interés del delegado estatal de la Sedatu para recuperar las 130 viviendas que habían sido invadidas desde el año pasado, fue la denuncia ciudadana difundida en los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, la que finalmente obligó a José Manuel Armenta tomar cartas en el asunto, en virtud de que los señalamientos por la falta de acción de las autoridades amenazaban con llegar a Rosario Robles Berlanga, titular de la mencionada secretaría, y de ahí era cuestión de tiempo para que salpicara al propio presidente Enrique Peña Nieto, quien tiene empeñada su palabra a favor de los damnificados.
Y EN OTRO ASUNTO, aunque uno diga que ya nada le puede sorprender, siempre hay cosas que nos demuestra lo contrario. Uno de estos casos que sorprenden, ya por el cinismo y la desvergüenza, pero también por el hambre de dinero, o porque se quedaron acostumbrados a recibirlo sin merecerlo, y lo que es más, a manos llenas, nos lo dan los que fueran regidores y sindico del Ayuntamiento municipal de Coyuca de Catalán.
Por supuesto, tampoco son los únicos, pues hubo alcaldes, sindicos, regidores, y por supuesto la familia cercana del presidente municipal, en que en el último día del gobierno al que pertenecían, se llevaron todo, bueno, hasta los cestos de basura. Y es que, si no era ahora, pues cuándo?
El caso es el ahora ex síndico y los también ahora ex regidores, han demandado al actual gobierno municipal hasta porque cobraron en su momento, y muy bien, como parte del gobierno que encabezó Rey Hilario Serrano, de quien dicen le quitó el título de corrupto a Orbelín Pineda, quien también fue presidente de ese municipio de la Tierra Caliente.
Y eso sin contar que el gobierno, el de Hilario Serrano, era del PRD, quien de ser un modesto profesionista (su mayor cargo había sido director de Gobernación del Gobierno del Estado), hoy es uno de los más ricos de ese municipio.
El caso es que los ahora ex regidores Marcelino Borja Valdovinos, Adela Sánchez Avellaneda, Leonel Echeverría Pineda, Deyane Medrano Palacios, Hilario Bailón Baltazar, y Marisol Bailón Pérez, así como el ex síndico municipal Lucio Gómez Serrato, exigen que el gobierno municipal les pague algo así como hasta la risa, precisamente por haber vivido del presupuesto del Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, argumentando que el entonces alcalde, Rey Hilario Serrano, les retuvo, por cuestiones políticas y sin ningún fundamento, sus respectivos salarios, bonos, primas vacacionales, gastos de gestoría y de representación, todo ello, desde la primera quincena de junio de 2015.
En efecto, los siete sujetos, ex ediles, argumentan en su demanda que Rey Hilario les retuvo de manera ilegal sus prestaciones que por ley les correspondían, lo cual no tiene ningún sustento, pues si algunos eran beneficiados con el presupuesto de Coyuca de Catalán eran, además del alcalde y su familia, los ediles, quienes gozaban de todas las prestaciones habidas y por haber, en razón de que formaban parte del gobierno.
Y es que cada regidor de la pasada administración percibía un salario quincenal de 14 mil 453 pesos, más 17 mil 195 por bono y estímulos, 160 mil por gestoría, y un bono anual d4 180 mil, mientras que los ingresos del síndico eran de 19 mil 663 pesos quincenales, y un bono anual de 180 mil, más los mismos ingresos que percibían los regidores.
Así las cosas, los siete ex ediles están exigiendo a la autoridad correspondiente que le descuente al Ayuntamiento municipal de Coyuca de Catalán lo que le supuestamente les adeuda el municipio por haber sido funcionarios públicos. Es decir, un bono por 17 mil195 pesos, en razón del 10 por ciento mensual, en base de su salario, gastos de gestoría por 160 mil, y un bono anual de 180 mil pesos.
También exigen los seis ex regidores y el ex sindico percepciones extraordinarias como bono y estímulo por 11 mil 561 pesos, más otros 40 mil a razón de 5 mil por gastos de la comisión que representaron, gastos de garantía por 80 mil en razón de 10 mil pesos por todo el año, y bono anual de 150 mil que se les debió de haber otorgado en el 2015.
Esos son los regidores y el síndico. Ya nomás faltaría que el ex alcalde también demande al Ayuntamiento algunos miles de pesos porque no tuvo tiempo de sacar todo el dinero que había en las cuentas del gobierno que encabezó.
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