El conflicto magisterial, de Oaxaca a Guerrero

Finalmente, luego de décadas de pasividad cómplice, el gobierno federal y el estatal pudieron confluir para rescatar la educación pública de Oaxaca de las manos de los facinerosos que secuestraron el sistema y condenaron a la ignorancia y la impreparación a generaciones completas de niños y jóvenes.
El primer golpe se dio como parte de una estrategia bien planeada, en la que no debe haber marcha atrás, pues ya en las oficinas gubernamentales aprendieron que con los líderes de la CNTE no hay puntos intermedios: en las negociaciones hay que darles todo y esperar a que exijan más.
Y mientras en Oaxaca hay ahora por lo menos una esperanza de que procesos y calendarios educativos se normalicen a partir del próximo ciclo escolar, en Guerrero el efímero gobernador Ortega ha terminado de secar los escasos fondos estatales, los que no vio y por eso dejó su antecesor Aguirre Rivero, y ya mejor quiere irse, pues el estado, a su decir, está en bancarrota por diversas causas, una de ellas porque de esos menguados dineros se paga a los maestros que la SEP no reconoce en la nómina, por la sencilla razón de que no dan clases. Como no son dos docenas, sino varios miles los profesores “comisionados”, sus sueldos no devengados pero sí hechos efectivos por la fuerza sindical, suman millones de pesos cada mes, con lo cual el boquete financiero guerrerense es ya insostenible.
Así pues, mientras la batalla oaxaqueña apenas se ha anunciado y se desarrollará en su primera fase por lo menos el resto del año, en Guerrero la autoridad federal tendrá que optar entre recatar las finanzas estatales para seguir pagando lo que está prohibido pagar, o suspender la sangría que ocasionan los vicios sindicales que aquí no han llegado a los extremos de la antigua Antequera, pero cómo se acercan y se parecen. Sólo que en este caso se abrirá un segundo frente de combate, con los riesgos implícitos de generalizar un conflicto que puede así volverse inmanejable.