Desprecio del poder judicial hacia los padres de los 43 estudiantes desaparecidos

El ataque perpetrado a un numeroso grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, que dejó un saldo de 6 muertos, 43 normalistas desaparecidos y varios heridos, es un tema que se mantiene en la agenda de los medios de comunicación porque en parte las mismas autoridades investigadoras y jurisdiccionales han dado pie para ello.
El 19 de febrero pasado, padres de los 43 normalistas que están en calidad de desaparecidos y su abogado Vidulfo Rosales, llegaron en marcha a la sede del Poder Judicial para exigirle a su titular, Robespierre Robles, la entrega de un video que captó la cámara instalada en el Palacio de Justicia de Iguala, que según ellos, contiene imágenes de la detención, secuestro y desaparición de los normalistas cuando iban a bordo del polémico quinto autobús que no tuvo relevante importancia en las pesquisas.
También solicitaron los expedientes certificados de las causas penales que derivaron del asesinato de 3 estudiantes en esos fatídicos hechos, en los que además perdieron la vida una mujer, el chofer de un autobús y un jovencito que jugaba en el equipo de fútbol ’Los Avispones’ de Chilpancingo.
En esa fecha, el compromiso del presidente del Tribunal Superior de Justicia fue que en 15 días les entregaría un informe detallado de la existencia o inexistencia del video y los expedientes certificados, lo cual ocurrió en el plazo convenido con la desagradable noticia para los padres de familia de que un respaldo de las imágenes que captó la cámara, fue entregado a la Procuraduría General de la República al ser atraída la investigación.
Aquí lo curioso es que primero la PGR habría engañado a los padres de los 43 estudiantes y a su abogado, porque en todo momento les argumentó que no había recibido tal video a pesar de que por escrito lo había solicitado reiteradamente al Poder Judicial de Guerrero, como lo dijo el 19 de febrero Vidulfo Rosales, pero ahora resulta que dicha prueba videográfica sí existe y está en poder del órgano investigador federal desde el 24 de julio del 2015.
La negativa de información por parte de las instancias de gobierno federal y estatal, es otro de los aspectos que ha irritado más a los familiares de las víctimas de la noche trágica de Iguala, lo que da motivos a pensar a los directamente afectados, que se pretende ocultar algo que podría ayudar a la localización de los estudiantes, o en su caso saber qué fue lo que pasó antes de la desaparición de los normalistas.
Pero también cabe decir que no hubo interés de parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia de entregar a los padres de los 43 normalistas desaparecidos el material videográfico solicitado, toda vez que la cámara de video instalada en el Palacio de Justicia de Iguala tiene aún el disco duro original que contiene las imágenes que captó la noche del 26 de septiembre del 2014.
Lo anterior significa que no hubo voluntad de Robespierre Robles Hurtado de atender satisfactoriamente la petición, toda vez que el equipo videográfico instalado en el Palacio de Justicia de Iguala es propiedad del Tribunal Superior de Justicia, y bien pudo ordenar extraer otro respaldo en memoria USB y entregarlo a los solicitantes para que fuera visto y analizado.
Esto y otras llamadas inconsistencias de la investigación, es lo que ha provocado la irritación de los padres de los 43 normalistas y de distintos sectores de la población, que mantienen firme la exigencia de justicia y castigo a los responsables de los ataques ocurridos en la llamada noche trágica de Iguala.