Despenalización del consumo de drogas

Desde hace varios años, la ciencia económica ha demostrado la ineficacia de las políticas de prohibición de los bienes de consumo, en particular de aquellos considerados como nocivos para la salud.
La teoría económica establece que la prohibición a la producción o al consumo de alcohol, tabaco y drogas comúnmente abre las posibilidades para la formación de ’mercados negros’.
Se denomina ’mercado negro’ a la comercialización de bienes y servicios al margen de la ley, y por estar proscritos, generan escasez en la oferta, y alto riesgo para quien compra o vende.
Ambos efectos combinados conllevan a que el producto se oferte a un precio muy elevado y en consecuencia a que el vendedor obtenga ingresos extraordinarios que le facilitan no solo capacidad financiera para sobornar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, sino que también, capacidad organizativa para apropiarse de los elementos que faciliten su ilegal labor, como adquirir inmuebles, armas, vehículos, y en general recursos suficientes para formar un ejército a su servicio.
El caso de la prohibición a la venta de alcohol en los estados unidos durante los años 20 es el más claro ejemplo, y ahora, olvidando esa traumática experiencia norteamericana, lo hemos replicado y magnificado en México.
La administración foxista y calderonista se cerró al debate, y especialmente durante la gestión de Felipe Calderón se consideró como un ’mito’ la posibilidad de que la despenalización del consumo de drogas fuese un recurso eficaz para detener la ola de violencia desatada por su propia guerra contra el crimen organizado.
Fuertes sumas de dinero destino el Gobierno Federal en la guerra contra el narcotráfico, y pocos o nulos fueron los resultados, recursos que podrían destinarse a la educación , la salud o el desarrollo social se continúan gastando en armamentos, helicópteros, patrullas, más policías, etc.
Y sin embargo, la lista de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y extorsiones continúa, y con ello se comprueba la dilapidación de recursos en una guerra que parece nunca terminar. En este sentido vale la pena investigar quienes se han beneficiado de este enorme gasto gubernamental para encontrar el hilo conductor que nos lleve a la verdadera lógica del Estado para continuar de manera irracional con esta guerra perdida desde su inicio.
El consumo de drogas, su producción y distribución, no debe seguirse tratando desde la óptica criminal sino desde la de salud pública.
El adicto y el productor no deben ser considerados criminales, El adicto es un enfermo, y en respeto a sus derechos humanos debe estar bajo la atención de un médico, en un hospital, no bajo la persecución policiaca, en la cárcel o en una fosa clandestina. El control de las adicciones debe enfocarse entonces como un asunto de salud pública y seguridad social que reconoce diferencias entre los tipos de drogas, cada una con distintos riesgos y su foco de atención debe ser la persona, no la substancia.
La estrategia actual dirige sus esfuerzos y presupuesto al control de la oferta y no a la reducción de la demanda, ese no es el camino, más bien lo agrava, porque fortalece al oferente y pone en riesgo al demandante (el enfermo), en un entorno social propenso a la estigmatización del adicto.