En las próximas semanas y, tal vez, antes de que termine el año, habrá un gran deslinde de responsabilidades por parte de aquellos gobernantes que hoy son señalados por supuesta corrupción, desvío de dineros públicos y enriquecimiento ilícito.

Se hará hasta entonces y no desde ahora, ya que depende del momento político y judicial que viva cada uno de ellos y si se hace necesario el deslinde o simplemente no tomarlo en cuenta.

En varios estados del país se da seguimiento a los señalamientos que se le hacen los gobernantes en una guerra sin cuartel, especialmente para los mandatarios salientes, aunque en un par de ellos también se involucra a los entrantes.

Los gobernadores de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, son los principales involucrados en una serie de supuestos ilícitos que ya ellos mismos se encargaron de desmentir, aunque las autoridades investigan la veracidad de los mismos.

El más activo de ellos es el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien asumió el asunto como algo personal y enfrenta frontalmente al gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares.

La disputa se da en tribunales y uno y otro se acusan de contar con millonarias propiedades y ser dueños de fabulosa fortunas.

El pleito entre ambos es añejo y se remonta a que Duarte de Ochoa está considerado como pupilo de Fidel Herrera Beltrán, el eterno adversario de Yunes Linares.

En medio de ello se encuentra el que Duarte de Ochoa haya vencido en las urnas a Yunes Linares, en su primera intentona por ser gobernador de Veracruz.

Desde entonces, el hoy gobernador electo dedicó tiempo y esfuerzo para mostrar los abusos cometidos desde el gobierno de Javier Duarte y una y otra vez quedó evidenciado el respaldo que desde la administración pública estatal se hacía al partido en que milita el gobernador (PRI).

Uno de esos momentos le costó la salida del cargo al entonces secretario de Finanzas, Salvador Manzur, considerado el caballo negro de la sucesión gubernamental y al delegado de Sedesol, Ranulfo Márquez.

Sin embargo, aquello quedó en el pasado y hoy las acusaciones entre Duarte de Ochoa y Yunes Linares subieron de tono y se fincan en que uno y otro se lanzan epítetos de ’hampón’ y otras lindezas.

Los dos recurrieron a la denuncia judicial y esperan que esta proceda favorablemente para el uno o el otro.

El gobernador Duarte de Ochoa espera la procedencia de su denuncia, para impedir que Yunes Linares asuma el gobierno estatal el próximo primero de diciembre.

Yunes Linares espera que Duarte de Ochoa vaya a la cárcel, una vez que termine su gestión, cuando él mismo se encargue de perseguirlo por los supuestos ilícitos cometidos en su gobierno.

Otro frente abierto, donde también las acusaciones de uno y otro llevan sello de disputa personal es en Chihuahua, donde el gobernador saliente, César Duarte Jáquez y el entrante Javier Corral Jurado, tienen una vieja disputa.

Corral acusó a Duarte de beneficiarse con el erario público, mediante la creación y consolidación de un banco, en el que, supuestamente es socio el gobernador.

Duarte ya aclaró que nunca se creó el banco, ya que quedó en una financiera y que él no es el dueño.

Eso es solamente una de las acusaciones, ya que el gobernador replicó con una noticia vieja, la participación de un par de hermanos del gobernador electo en delitos del narcotráfico que los llevaron a prisión.

Al margen de ello es sabido que Corral Jurado iniciará una feroz cacería en contra del gobernador saliente por una serie de supuestos ilícitos detectados en su administración.

Los dimes y diretes entre y uno son cuestión de todos los días, salpicados por nuevos ingredientes.

En Quintana Roo bajó la intensidad de los señalamientos al gobernador saliente Roberto Borge Angulo, mientras que el entrante, Carlos Joaquín González, se encuentra inmerso con su equipo de transición en que esta se de en forma tersa.

Durante la campaña electoral y al triunfo del candidato de la alianza PRD-PAN, se soltaron acusaciones de todo tipo contra uno y otro, quedando el antecedente del supuesto enriquecimiento del gobernador saliente.

Los exabruptos y abusos de Borge Angulo quedaron archivados, aunque no olvidados, por lo que se espera que el nuevo mandatario y su gabinete espulguen en los expedientes y actúen en consecuencia, si encuentran anomalías.

Pero los tres gobernantes señalados y los demás que se encuentren en situaciones similares tienen un recurso valedero, el de hacer lo mismo que el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, de deslindar su responsabilidad de esos supuesto ilícitos ocurridos en su administración y endosarlos a sus colaboradores.

El recursos es válido para sacudirse de esos problemas que los podrían conducir a prisión y algunos de sus colaboradores son capaces de aguantar el pase de responsabilidades, por los beneficios obtenidos en esa gestión.

Pero los gobernadores salientes no son los únicos que enfrentan problemas, ya que dos de los entrantes también se encuentran en esa órbita.

El ya mencionado Miguel Ángel Yunes Linares, cuya denuncia presentada por Javier Duarte de Ochoa se radicó en la PGR y el de Aguascalientes, Martín Orozco.

De Yunes Linares se pretenda que no asuma el gobierno y que la PGR finque responsabilidades sobre de él, de Orozco, los priistas buscan anular su triunfo en las urnas por injerencia de la Iglesia Católica, pero además de ello existe un expediente judicial en su contra por la venta de un terreno cuando fungió como alcalde de la capital del estado.

Veremos con el tiempo que tanto proceden unas y otras acusaciones y si alguno de esos personajes cae en desgracia.



Email: ramonzurita44@hotmail.com