México es un país en el que súbitamente al ocupar un cargo público o de elección popular, los personajes se convierten en millonarios.

Regularmente el ser parte preponderante de una administración sexenal hace hogares felices por décadas, sin que nadie se asuste por ello, ya que la clase política goza al mismo tiempo que de fortunas, de impunidad.

Los llamados nuevos ricos son una clase política más vigente que nunca y sin riesgo de extinción, con todo y la nueva legislación anticorrupción.

Pasar por un cargo de mediana importancia los convierte en propietarios de viviendas lujosas, pisos en las principales colonias, casad de descanso, autos de lujo y grandes cantidades de efectivo que depositan en cuentas bancarias del país y del extranjero.

Los hijos de esta clase política estudian en los colegios más caros del país y del extranjero, sin que las altas colegiaturas causen mella en sus finanzas personales.

Y es que llama la atención la forma en que los políticos manejan sus finanzas, ya que los colegios y universidades en las que estudian sus hijos cuestan alrededor de 15 a 20 mil pesos mensuales por estudiante y, normalmente, tienen dos o tres en esa etapa, al tiempo de comprar al contado o en cómodas mensualidades grandes propiedades.

Ganando alrededor de 150 mil o hasta 200 mil pesos mensuales, los políticos estiran la liga, para que les alcance para eso y hasta para el ahorro que les permite tener viviendas de lujo en sitios sumamente costosos.

Ser político, sin distingo de partido es un privilegio, ya que la mayoría de ellos dice que lo hace por su amor al país y por servir al pueblo.

Es un honor servir a mi país, dice la mayoría de estos personajes cuando ocupan el cargo para el que fueron designados o electos.

Nadie pregunta el origen de sus cuantiosas fortunas y las investigaciones sobre ellas se realizan solamente con la voluntad política de las más altas autoridades.

Son muchos los políticos que requieren de una investigación a fondo sobre la acumulación de riquezas, sin que las instancias dedicadas a ello lo hagan.

Por eso un personaje folclórico como es Vicente Fox Quesada asegura que la Ley 3de3 es ’una mamada’ inservible.

Las declaraciones patrimoniales están llenas de engaño, dice el ex presidente, quien asegura que vive de la pensión, ya que ni él ni la señora Marta (su esposa Marta Sahagún) tienen dinero.

Fox Quesada llora como todos los políticos que se precien de serlo, ya que vive a todo lujo en su rancho, mismo que fue remodelado a todo lujo y como López Obrador es un conferencista consuetudinario.

Pero al margen de Vicente Fox y sus frecuentes chascarrillos que algunos toman en serio, la corrupción es el principal problema que enfrenta el país, según se considera dentro de los temas cotidianos.

Todos los ciudadanos los ven, aunque no las autoridades con sus reglamentos y leyes laxas y menos los partidos políticos que no atienden los reclamos ciudadanos.

Cada uno de los partidos políticos hace caso omiso de sus militantes que son acusados de actos de corrupción o de otros delitos y prefieren evadir el tema.

Por eso resulta asombroso que el PRI, partido donde militan la mayoría de los gobernantes y de donde abrevan los principales políticos del país, empezando por el presidente de la República y los principales miembros de su gabinete, anuncie que iniciará una serie de deliberaciones para determinar si procede o no la cancelación de los derechos de militancia de algunos gobernantes que han sido señalados por actos de corrupción o delictivos.

Claro que en ese aspecto solamente se refiere a los casos más sonados de las semanas recientes y no a otros del pasado cercano, que simplemente nadie tocó.

Rodrigo Medina de la Cruz es el ex gobernador primero en pasar lista de presente ante ese consejo de honorables priistas que se encargará de definir si procede o no la suspensión de sus derechos como militantes.

Después de él seguirán tres gobernadores en funciones, Roberto Borge, Quintana Roo; César Duarte, Chihuahua y Javier Duarte, Veracruz.

Estos tres han sido señalados en diversas ocasiones por abusos, omisiones y corrupción, sin que nadie pusiera atención sobre de ellos.

Fue hasta que los tres priistas perdieran con los candidatos de su partido ese territorio para los tricolores, cuando se volteó hacia ellos y la revisión de sus casos se realizará cuando cada uno de ellos está a punto de terminar con sus respectivos mandatos.

Borge es el primero en entregar el gobierno estatal y lo hará el 25 de septiembre, cuando asuma el ex priista, Carlos Joaquín González, quien fue impedido por el propio Borge para ser el candidato del partido tricolor, por lo que aceptó serlo de una alianza formada por el PRD y PAN.

El panista Javier Corral sumirá el gobierno estatal de Chihuahua el cuatro de octubre y César Duarte dejará de ser gobernador.

Javier Duarte es el último que termina su período como gobernador, ya que el primero de diciembre, Miguel Ángel Yunes hará realidad su deseo de ser gobernante.

Sin embargo, no son los únicos priistas que tendrían que afrontar el veredicto de la suspensión de derechos partidistas, ya que otros personajes que en el pasado reciente fueron señalados por fallas, omisiones, corrupción y hasta posible encubrimiento a delincuentes no forman parte de esa agenda priista, donde se muestra claramente que no todos ni todos coludos ni todos rabones.



HERENCIAS



Los políticos mexicanos siempre tienen a la mano la respuesta idónea para salir de apuros. En cuestión de corrupción o de amasar fortunas, todos son herederos de cuantiosos bienes.



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