Ahogado el niño, corren a tapar el pozo y las autoridades mexicanas que desoyen los clamores de un pueblo harto de abusos y que tampoco acuden en auxilio de autoridades amenazadas por la delincuencia, reaccionan a destiempo.

Se conoce ahora que el alcalde de Pungarabato (Ciudad Altamirano), Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, había alertado a las autoridades sobre las amenazas recibidas y el riesgo que corría su vida, sin respuesta alguna.

El sábado fue asesinado, como antes había ocurrido con su primo, sin que nadie respondiera a su llamado de auxilio.

Claro, es ahora, después del crimen, cuando las autoridades se comprometen a investigar y detener la ola de asesinatos en esa zona de Guerrero, aunque en el terreno de los hechos no consigan lograrlo.

La PGR atrajo el caso del asesinato del alcalde de militancia perredista, lo que no significa la solución del mismo, como tampoco la presencia de las fuerzas armadas redujo el número de asesinatos en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y en cuantos estados hace presencia.

Es cierto que los rondines de las fuerzas federales hacen que los delincuentes se resguarden, pero hasta ahí, pasan por la zona, se siguen de largo y los asesinatos se reproducen.

Nada cambia con la presencia de ellos o sin ella, de lo que dan cuenta las cifras reales, no las maquilladas.

Según el ahora tan cuestionado INEGI, la tasa de homicidios más alta durante 2015 se ubica en Guerrero, donde se cometieron 67 por cada cien mil habitantes, cifra muy superior al promedio nacional que alcanzó los 17 por cada cien mil habitantes.

Con base en las cifras del INEGI los crímenes se reproducen en Estado de México (por su población), Chihuahua (donde según el gobernador César Duarte se había controlado), Jalisco, Sinaloa, Colima, Morelos y Baja California.

La incidencia de homicidios es sumamente grande y asusta a una población que parece indefensa ante los ataques de la delincuencia organizada.

Y es que las autoridades han multiplicado el número de elementos en las fuerzas federales, (Ejército, Marina y Policía), sin obtener el resultado esperado, los asesinatos, sin importar si son de ciudadanos civiles, autoridades o hasta miembros de esas fuerzas federales.

La realidad es que los delincuentes no muestran respeto por nadie, lo mismo acribillan a mujeres, niños, ancianos, soldados, policías, alcaldes, diputados o todo aquel que se cruce en su camino.

El panorama es incierto, porque las balaceras se reproducen por todos lados, sin que se encuentre un método para reducirlas o terminar con ellas.

Guerrero es un estado peligroso para todos, sus habitantes, los turistas y todo aquel que se atreva a incursionar por algunas zonas vedadas para ellos.

Sin embargo, nadie alerta a la población que se abstengan de cruzar por esos caminos y menos que Acapulco y las zonas turísticas representan un riesgo para todos.

Lo que resulta curioso es que para nadie es un secreto que desde hace muchas décadas Guerrero es uno de los principales estados productores de goma y que campesinos recurren a esas siembras, tratando de salir de la hambruna y de la pobreza extrema en que se debaten.

Pero también que los grupos delincuenciales hicieron presencia para tratar de controlar dicho mercado de la droga y que cada vez son más atrevidos en cuanto a sus expediciones.

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha sido relacionado con esos grupos criminales que actúan en la zona y con los que, supuestamente, mantienen o mantenían relaciones los Abarca Pineda.

Sabiendo todo ello y con las fosas clandestinas descubiertas, con decenas de cadáveres, resulta asombroso que las autoridades solamente reaccionen a toro pasado, es decir cuando los acontecimientos los desbordaron.

Es casi seguro que durante una o dos semanas, Guerrero bajará la intensidad de los asesinatos de todo tipo, por la presencia de las fuerzas federales, pero que en poco tiempo se reanudarán, ante la falta de un antídoto por parte de los gobiernos estatal y federal.



AVISOS DE TODO TIPO



Pero si en cuestión de violencia e inseguridad el retardo es sorprendente, en la administración pública lo es mucho más.

Organizaciones civiles, opositores y simple ciudadanos se han cansado de denunciar los abusos cometidos por sus gobernantes y el saqueo indiscriminado que han cometido en los estados que dicen gobernar.

La reacción del gobierno federal se produce hasta que constatan que su partido (PRI) perdió los comicios en los tres estados donde se han cansado de denunciar esos abusos.

Ahora se habla de que los tres gobernadores en cuestión, César Duarte, Chihuahua; Javier Duarte, Veracruz y Roberto Borge, Quintana Roo, están siendo investigados.

Incluso hay quienes apuestan a que uno de los tres o hasta los tres irá pronto a prisión, como método único de rescatar la confianza hacia el partido tricolor por parte de la ciudadanía.

Fue hasta después de los comicios y viendo que dichos gobernantes querían blindar su salida, cuando el gobierno federal reaccionó y decidió enviar a la Corte el recurso de inconstitucionalidad.

Es ese mismo recurso el que la dirigencia nacional del PRI pide a su bancada en San Lázaro apure a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para revisar dichas acciones de inconstitucionalidad en los estados de Chihuahua, Quintana Roo Y Veracruz, por la aprobación de reformas apartadas del Sistema Nacional Anticorrupción.

Hasta donde se sabe, la estrategia del nuevo presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, apunta hacia la aplicación de la ley a los gobernantes corruptos, como una forma de enderezar una ruta que parece perdida para su partido en 2018.



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