En ninguno de los doce estados que cambiarán próximamente gobernador se desarrolla una batalla tan abierta y frontal entre el mandatario saliente y el entrante, como sucede en Veracruz.

Javier Duarte de Ochoa en funciones y Miguel Ángel Yunes Linares con el carácter de electo, son los dos personajes que se debaten en esta singular pelea que toma el rango de callejera y que atañe a toda la población, la que expectante advierte el deterioro de las principales figuras políticas de la entidad.

Es un pleito enconado, sin tregua de ninguna clase, celebrado a título personal, como una medición de fuerzas entre el que detenta el poder y el que lo hará por los dos años siguientes.

La lucha se centra principalmente en que los dos personajes (Duarte y Yunes) pretenden meter a la cárcel al adversario.

Para Yunes Linares fue uno de los compromisos sellados durante la campaña electoral el llevar ante las autoridades judiciales al gobernador y a sus principales secuaces, que, asegura, han saqueado y endeudado al estado.

Duarte respondió y acusa a Yunes Linares de enriquecimiento inexplicable, aprovechando los cargos públicos por los que ha desfilado.

Uno y otro se muestran lujosas mansiones, filtran documentación que, supuestamente, los acredita y establecen los nombres de los presuntos prestanombres que los protegen de miradas o investigaciones indiscretas.

Parecía que la ofensiva de Yunes Linares descansaría luego de su triunfo en las urnas, pero esta se intensificó, sin importar los meses que faltan para que asuma el cargo de Ejecutivo estatal.

Hace menos de un mes Duarte de Ochoa intentó reformar la Constitución del estado, para nombrar a una serie de autoridades que le permitieran blindar su salida.

Yunes Linares reaccionó y buscó ayuda desde el gobierno federal, lo que provocó que desde las instancias presidenciales se promoviera acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para esos movimientos que pretendía Duarte de Ochoa.

Consciente de haber ganado esa batalla, mediante el freno de las reformas, Miguel Ángel prosiguió en su confrontación contra el gobernador.

Duarte no se quedó de brazos cruzados, reaccionó y presentó, de manera personal, una denuncia penal contra Miguel Ángel Yunes Linares ante la fiscalía del estado, por el delito de enriquecimiento ilícito.

Yunes, por supuesto envió a botepronto un mensaje contundente: ’la denuncia que presentó Duarte tiene tanto sustento como su declaración de bienes. No podrá impedir el cambio, ni evadir la acción de la justicia. La verdad os hará presos’.

Unos días antes el gobernador, Javier Duarte de Ochoa había hecho pública su declaraciones de bienes, en la que asienta ser propietario de dos viviendas y una cuenta bancaria de dos millones de pesos, es decir bienes que no representan ni siquiera el uno por ciento de lo que se dice es su fortuna personal.

Nadie creyó en la veracidad de esa información y arreció el ataque contra el gobernador y su manifestación de bienes.

Y es que solamente se recuerda que su antecesor y promotor, Fidel Herrera Beltrán, confesó tener 150 millones de pesos como fortuna personal.

La disputa por mostrar el enriquecimiento abusivo de uno y otro se encuentra como tema de discusión, la pelea por dejar en claro los abusos y vilezas de uno y otro alimenta el morbo, no solamente de los veracruzanos sino que rebasa ese ámbito, aunque en respeto a una mal entendida soberanía de los estados, el gobierno federal o el Congreso de la Unión se abstienen de participar en el tema.

A las autoridades no parece importarle la declaración emitida por el auditor Juan Manuel del Portal, ni el anuncio emitido de que ante las reiteradas irregularidades en la ejecución del gasto cometidas por el gobierno veracruzano, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizará 46 auditorías al estado, en donde hará una revisión de 23 fondos federales, subsidios, programas u obras que hayan sido ejecutados con dinero transferido por la Federación a la administración de Javier Duarte.

Las investigaciones de la instancia encabezada por Juan Manuel Portal incluirán las inversiones físicas realizadas en la entidad –vía programas y fondos federales– en el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales, así como para el desarrollo turístico sustentable.

En el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014, las malas prácticas de la gestión de Duartetambién fueron evidentes: obtuvo 5.2 de calificación en el manejo de gasto federalizado, lo que significa que el dinero que el gobierno federal entrega a la entidad no se aplicaba en los programas debidos.

En ese documento, la ASF también informó que los señalamientos realizados al gobierno veracruzano, entre 2011 y 2014, superan los 35 mil millones de pesos, de los cuales 4 mil 770 corresponden a simulación de reintegros; es decir, regresa los recursos que, según la Auditoría, no fueron aplicados correctamente, para luego retirarlos de cuentas donde los depositaron.

Todo este procedimiento a seguir alimenta la tensa situación entre Yunes Linares y Duarte de Ochoa, aunque el enfrentamiento entre uno y otro no ocasiona beneficio alguno para una población sumamente agraviada y que pretende que sus autoridades responsan a sus requerimientos de empleo, seguridad, educación y bienestar y que el dinero público sirva para esos fines y no para satisfacer el bolsillo de algunos malos funcionarios, como ha venido sucediendo en Veracruz en los años recientes.-

La pugna seguirá y habrá que ver quién de los dos de Duarte y Yunes cumple con su propósito de llevar a la cárcel al otro o si los dos son recluidos en prisión.



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