El Congreso local tiene la oportunidad histórica para erigirse como una institución que está en contra de la corrupción y la impunidad.
Los integrantes de la actual legislatura tienen la facultad para revocar el mandato a la alcaldesa del municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, señalada por sus gobernados de cometer infinidad de actos de corrupción desde que inició su administración.
Claro, no es algo sencillo. Pero es urgente que revisen bien las pruebas para poder iniciar el juicio político antes de que se compliquen más las cosas en dicho municipio, en donde la ingobernabilidad es palpable.
El titular de la a Auditoría General del Estado (AGE), Alfonso Damián Peralta, evidenció el año pasado a Muñiz Gómez de no solventar 22 millones de pesos de su anterior administración (2009-2012) y señaló que tiene un proceso administrativo al respecto.
La nota fue publicada por el periódico Pueblo el 16 de octubre de 2015.
’La Auditoría General del Estado (AGE), confirmó que la actual presidenta municipal de Mártir de Cuilapan (Felícitas Muñiz Gómez), tiene un proceso administrativo para que solvente recursos que tiene pendientes desde la administración que presidió del 2008 al 2012, o bien para que los resarza.
’Según documentos de la AGE, Muñiz Gómez, quien milita en el Partido Movimiento Ciudadano (MC), dejó el cargo en el 2012, pero no solventó 22 millones de pesos que ejerció en diversas obras sociales.
Y el titular de la AGE reconoció, sin embargo, ’que en el caso de Muñiz Gómez es algo especial, ya que ella en caso de que no pueda solventar los recursos públicos, tendrá que resarcirlos’, refiere la nota.
Eso lo señaló el auditor Alfonso Damián, pero ya se tardó demasiado. Y eso genera sospechosismo, diría Santiago Creel Miranda, ex secretario de Gobernación.
Hay quienes lo han acusado de solapar a la alcaldesa y de servir a los intereses de Movimiento Ciudadano, instituto político en el que militan su tío Pioquinto Damián Huato, dirigente municipal en Chilpancingo, y su hermana Esthela Damián Peralta, lideresa en la Ciudad de México.
Los que se oponen a que Felícitas Muñiz sea sometida a juicio político en el Congreso local, son Ricardo Mejía Berdeja, coordinador de la fracción parlamentaria de MC, y sus compañeros Magdalena Camacho Díaz y Silvano Blanco Deaquino, quienes acatan todo lo que les ordena su patrón Luis Walton Aburto, dueño de la gasolinera, digo, de la franquicia MC en Guerrero.
Mientras los legisladores emecistas se oponen a que la alcaldesa de Mártir de Cuilapa sea investigada, la presidenta de la Comisión de Gobierno, Flor Añorve Ocampo, informó que el Congreso local integró una comisión que investiga las denuncias de corrupción y la presunta existencia de obra pública fantasma en el municipio en mención.
La legisladora priista pidió paciencia y tolerancia a los opositores de Muñiz Gómez, ’porque no es sencillo determinar a través de documentos la situación que prevalece en el municipio’.
También informó que la comisión plural de diputados integró una agenda de trabajo, ’y en el trascurso de esta semana visitarán el municipio de Mártir de Cuilapan para conocer de manera personal la denuncia que presenta el grupo inconforme y verificar si hay o no en el municipio obra pública fantasma’. (Vértice, Diario de Chilpancingo/22-08-2016).
Es urgente pues que en Apango regrese la paz social y si alguien ha cometido delitos graves, pues que se le finquen responsabilidades, sea del grupo que sea.
Y ojalá el diputado Mejía Berdeja no siga entorpeciendo el inicio del juicio político que exigen en Mártir de Cuilapan y sus comunidades contra la alcaldesa Felícitas Muñiz. Y así como le gusta cuestionar a ediles de otros partidos, también debe de hacer una autocrítica al interior de su partido y no defender lo indefendible.
ENTRE OTRAS COSAS… Lamentable que algunas organizaciones de periodistas quieran seguir utilizando al Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP) como un botín y no permitan que se transparente la lista de beneficiarios.
Exigen transparencia ahora, pero no dicen nada de su actuar hace algunos años ni de los que se beneficiaron con préstamos y seguros.
Es correcto que se depure la lista, excluyendo a aquellos que no ejercen periodismo.
Por ello propongo que se den a conocer las auditorías realizadas en anteriores administraciones gubernamentales para que se sepa quién o quiénes han utilizado al FAP como botín.
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