Cláusula permite prorrogar permanencia del GIEI en México: Rosales

El abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, informó que una clausula en el Convenio de Asistencia Técnica firmado en Washington, Estados Unidos entre el Estado Mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permite prolongar la permanencia de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) más allá del 30 de abril, la fecha límite establecida en el convenio.
En entrevista, insistió en que la salida del GIEI sin haber logrado avances considerables que permitan esclarecer el Caso Iguala-Ayotzinapa, reactivaría las acciones de protesta y el movimiento por la aparición de los jóvenes volvería a las calles y a la toma de vías de comunicación y edificios públicos.
El martes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que no se permitirá que los integrantes del GIEI permanezcan en la coadyuvancia con la Procuraduría General de la República (PGR) más allá del periodo de tiempo que se pactó en la sede de la CIDH, como parte de las investigaciones sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, ocurridos en Iguala de la Independencia.
La postura del funcionario implica que el GIEI continuará en la coadyuvancia con la unidad especial creada para el caso Iguala-Ayotzinapa hasta el último día del mes de abril, pero a partir del 1 de mayo dejarán de operar, indicó el también abogado del Centro de Derechos Humanos ’Tlachinollan’.
Vidulfo Rosales dijo vía telefónica que lo declarado por Osorio Chong es una posición política del Gobierno Federal, desprovista de un análisis jurídico del Convenio de Asistencia Técnica, firmado en octubre de 2015 en Washington D.C.
Explicó que la cláusula número 10 del convenio mantiene abierta la posibilidad de que la permanencia del GIEI se pueda prorrogar cuantas veces sea necesario, mientras no se haya cumplido el objetivo para el que fue creado el grupo de expertos, que es colaborar en el esclarecimiento de los hechos que han provocado la más fuerte crisis social en la historia reciente de Guerrero.
Indicó que antes de asumir una postura terminante, el Gobierno federal debe entrar a un análisis jurídico del convenio firmado en la CIDH, para que esa institución convoque al Estado mexicano y los abogados de los padres, con la intención de buscar un consenso respecto a la prórroga del mandato.
Subrayó que a los padres y sus abogados les genera preocupación que el Secretario de Gobernación haya expresado la postura de no permitir que se alargue la permanencia del GIEI a pesar de que el tema no se ha discutido.
Por ese motivo, agregó, el lunes 28 de marzo, los abogados de los padres de los 43 normalistas hicieron una petición formal a la CIDH para que la permanencia del GIEI se prorrogue por lo menos durante seis meses más.
Mencionó que durante abril la discusión se intensificará porque se entrará a una etapa de revisión del convenio.
’Nosotros observamos que hay la intención política del gobierno de cerrar este mecanismo de supervisión internacional, porque hay resistencia a dicha supervisión internacional, aunque es algo a lo que deben sujetarse todos los gobiernos democráticos’, añadió.
Esa es la razón, afirmó, de hace varias semanas se desató una campaña encaminada a perjudicar la imagen y legitimidad de los integrantes del GIEI.
Pese a ello, los padres y los organismos de derechos humanos que les respaldan van a avanzar en la ruta jurídica, que les dará un margen más importante de certeza sobre el asunto.
’Nosotros vemos difícil que haya una investigación sin el escrutinio internacional del grupo de especialistas independientes, porque ellos han sido un ente que ha mediado en los momentos de polarización entre el Gobierno y el movimiento’.
Rosales Sierra subrayó que la presencia del GIEI contribuyó a bajar el nivel de la tensión social que se vivió en Guerrero como consecuencia de los hechos de Iguala, por lo que su permanencia debe ser valorada profundamente.
Advirtió que si Gobernación mantiene la postura de que el GIEI abandone el país después del 30 de abril las implicaciones podrían ser muy sensibles:
’Habría un retroceso y eso empujaría al movimiento de los padres, así como al movimiento nacional a una tensión innecesaria, pues sacaría las protestas las calles y se retomaría la vía del activismo, lo que no conviene a nadie’, concluyó.