Más que tomar como bandera de lucha la oposición tajante y sistemática a la Reforma Educativa, un bloque disidente y radical del magisterio agrupado en la Ceteg, se obsesionó con adoptar la contracultura del vandalismo. Ofertarla como su marca de casa. Establecerla y legitimarla como una normalidad al interior de su movimiento. Es decir, apostarle al desorden, el caos y la anarquía, como forma de ejercer presiones para doblar a los gobiernos federal y estatal. Y los hechos sangrientos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, fortalecieron sus expectativas en este sentido. Basta con observar la fotografía de cerca para percatarse de sus colores y matices.
LUCHA DE IGUALES.- A solo un día de que los trabajadores de la educación iniciaron labores oficialmente, la Ceteg mandó un mensaje radical muy claro al gobierno estatal: continuará asaltando oficinas y destruyendo material, mobiliario y equipo. Y seguirá teniendo como aliada natural, a la impunidad. De ahí se abre lo demás: 1.- Escudándose en la desvirtuada ’lucha social’, el magisterio disidente se sabe y se observa intocable en sus excesos. Tienen dos respaldos muy visibles: la eficaz movilidad para reclutar a todos los maestros inconformes a fin de provocar desquiciamientos significativos en la vida pública. Y el alto número de ellos dispuestos a retroalimentar los escenarios de la ingobernabilidad. Adicionalmente, proyectan otro; en el que sustentan todo el andamiaje del vandalismo y la impunidad: los propios excesos continuos de los personajes del poder y los partidos políticos. Los engaños y mentiras reiteradas. Las imposiciones y los autoritarismos. Y por esa razón, el gobierno federal y estatal los dejan actuar y hacer. También los toleran y hasta ceden en sus peticiones. En el fondo, es el costo que tienen que pagar por sus corruptelas, ausencia de resultados e indolencias en la función pública. De ahí que, desafiar al Estado no es ya una consigna ni un objetivo a perseguir por parte de la Ceteg, sino una lucha de iguales. Impensable en el pasado. Y se entiende pero no se justifica, la apatía gubernamental para actuar contra los perpetradores del desorden. 2.- La dimensión de ’la lucha social’ en Guerrero, se reduce a los números. Es decir, el gobierno estatal encabezado por el priísta Héctor Astudillo Flores, tolera a quienes protestan, vandalizan y secuestran calles y autopistas, siempre y cuando formen parte y puedan movilizar multitudes. Y ataca con toda su fuerza cuando los números de los inconformes son pequeños. Lo acaba de hacer en el municipio de Apango, cuando encarceló a uno de los dirigentes que demandaban la renuncia de la alcaldesa del MC, Felicitas Muñiz Gómez, una fémina apolítica que denuncia extorsiones millonarias por parte de sus detractores políticos, pero se niega a ventilar sus cuentas públicas. Pretende así, exhibir la corrupción de otros y esconder bajo el sucio tapete municipal, la propia. Esta postura suya fue la que orilló a sus contrarios a quemar vehículos oficiales. También vandalizaron y se excedieron como parte de esa contracultura que va enraizándose y percibiéndose como normal. Con una sola diferencia: el grupo que protestaba era muy reducido. Y se entiende que por esa razón, el gobernador evaluó equivocadamente, que podía contenerlo con esa aprehensión. Sin embargo, esta vez fue la presión mediática y de las redes sociales las que obligaron al mandatario estatal a corregir su decisión. El punto sin embargo, causa prurito: no es que el gobierno estatal no pueda con el conflicto público, sino que existen acuerdos de valores entendidos con algunos dirigentes de la lucha social. Pero en ese inter, el actual gabinete estatal ya perdió dos prendas políticas valiosas: legitimidad y gobernabilidad. Y no se ve cómo pueda recuperarlas.
HOJEADAS DE PÁGINAS…Como el de Luis Donaldo Colosio, el crimen del extinto perredista, Armando Chavarría Barrera, cayó irremediablemente en las sucias y pestilentes alcantarillas de los groseros manoseos y la perversa politización. Porque si ninguno de los dos se resolvió en su tiempo y su momento: ¿Acaso no representa una utopía demandar su esclarecimiento a siete años de su consumación? ¿Pudieron los ex presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el actual Peña Nieto, llegar a los verdaderos culpables de Colosio? ¿Pudieron Zeferino Torreblanca, Ángel Aguirre, Rogelio Ortega y hoy Héctor Astudillo, llegar hasta los responsables de Chavarría?