¿CUÁNTO CUESTA, NO AL GOBIERNO, sino a los mexicanos, la presencia de los integrantes del llamado ’Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes’ (GIEI), que a casi un año de estar en México, más que investigar la desaparición de los 43 normalistas, se han dedicado a descalificar la indagatoria que sobre los hechos realizan las autoridades de nuestro país?

La respuesta es de al menos dos millones de dólares, y en pesos mexicanos, un promedio de 40 millones, en tan solo 12 meses, repartidos entre los cinco miembros que integran el denominado grupo, y otros gastos, entre ellos viáticos, boletos de avión, comidas y pagos de hotel. Ah, y en pago de publicidad.

El asunto, sin embargo, no es lo que cobran, sino lo escaso de los resultados, por no decir nulos, de ahí que estén exigiendo quedarse en el país, pero pagados por el Gobierno mexicano, ’el tiempo que sea necesario’, es decir, lo que dure la investigación de los 43 normalistas desaparecidos.

Sin embargo, este 30 de abril, es decir, en un mes, se cumple el segundo periodo de seis meses por el cual el grupo de referencia se encuentra en México, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero pagado, decíamos, con recursos de nuestro país. Ya no habrá otro periodo, y en consecuencia, otro millón de dólares para los ’expertos independientes’ que, de acuerdo a cifras, ganan al mes, cada uno de ellos, lo que percibe como salario el gobernador del estado, es decir, 140 mil.

En efecto, poco o casi nada es lo que ha hecho el GIEI en estos casi 12 meses, pues lejos de investigar los hechos por los que llegaron al país, es decir, el paradero de los 43 normalistas, se han dedicado a cuestionar la indagatoria que sobre la desaparición ha realizado el gobierno mexicano, buscando dirigirla en última instancia, o intentando convertirse en una instancia superior a las del Estado mexicano.

En el primer periodo ’de investigación’ de seis meses del grupo de referencia, y que costó al país 14 millones de pesos, su principal conclusión fue que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como lo afirmó en su momento el entonces procurador general de la República en base a testimonios y declaraciones de los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, y de análisis diversos de investigadores. Los integrantes del GIEI se basaron en un especialista en incendios que sólo estuvo en el lugar 20 minutos.

Y en el segundo periodo, que fue solicitado por los propios miembros del GIEI, a propuesta, no de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, sino de quienes los encabezan, es decir, dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, y de la organización Tlachinollan, la única información que han dado como relevante es la presencia de un quinto autobús en el lugar de los hechos, supuestamente repleto de droga y que, suponen, fue el motivo por el que fueron atacados los normalistas la noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.

Ciertamente son escasos, por no decir nada, los resultados del GIEI, cuyos integrantes pretenden quedarse en nuestro país ’por tiempo indefinido’, con el argumento de seguir investigando la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y de quienes no se tiene todavía claro quién los mandó a Iguala y qué fueron hacer ahí, pues el argumento de sus dirigentes de que iban a secuestrar autobuses para asistir a un mitin en la ciudad de México, siete días después, no tiene sustento, y más cuando afirman que tenían acuerdos con las líneas de transporte de proporcionárselos.

POR CIERTO, EL secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, acusó hoy a México de entrar en "una regresión autoritaria" al abrir una "investigación previa" por la denuncia penal "temeraria e infundada" presentada contra él. La denuncia es por el presunto desvío de recursos, es decir, de los dos millones de dólares que se le ha entregado para que los del GIEI investiguen la desaparición de los normalistas.

Y es que la denuncia señala que de los dos millones de dólares que se han entregado a la CIDH para que los integrantes del GIEI investigue la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, una parte se utilizaron para fines distintos, lo que significa un fraude a la nación.

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, quien interpuso la denuncia de referencia, señaló en su momento que se engaña a los contribuyentes mexicanos y al gobierno federal, pues el dinero entregado a la CIDH para cubrir los gastos del GIEI ’proviene de nuestras contribuciones vía impuestos y no es justo que los integrantes de este grupo lo utilicen con otros fines distintos a otros por los que nuestro país los contrató’.

Por supuesto que a Alvarez Icaza no le gustó que el Gobierno mexicano a través de la PGR investigue la denuncia que trata de una supuesta malversación de los fondos públicos que fueron entregados a través de la CIDH al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI que investiga el caso Ayotzinapa, al haber realizado actividades que no están vinculadas con lo establecido en el acuerdo.

"Solo el hecho de procesar esa denuncia es un ataque", consideró el secretario ejecutivo.

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