SI LA ASAMBLEA Popular de Tixtla, que no es otra cosa que un grupúsculo de cetegistas, seudo guerrilleros, “policías comunitarios” al servicio de quién sabe quién —menos de la población—, y los dirigentes de Tlachinollan, ya participan en el proceso electoral extraordinario para elegir al próximo alcalde de ese municipio, a través del PAMLO (Partido de Andrés Manuel López Obrador), llamado también Morena, significa entonces que en la elección del 29 de este mes, no la van a ser de pex.

Y qué bueno que así sea, porque eso significa que ya entendieron que por más rijosos que sean, por más revolucionarios trasnochados que parezcan, ya entendieron que la población, y en este caso la de Tixtla, no apoya a los movimientos violentos, como ya quedó demostrado, pues pese a sus llamados de que el pueblo se una a sus “acciones de protesta”, cada vez se van quedando solos, toda vez que los guerrerenses ya estamos cansados de tanta violencia.

Sí. Qué bueno se hayan dado cuenta que para acceder al poder, en este caso a la presidencia municipal de Tixtla, y por ello manejar los recursos públicos que se le asignan, tiene que ser por la vía de las urnas, hasta hoy, la única forma legal establecida, de tal forma que si en verdad cuentan con el consenso y apoyo de la gente, seguramente tendrán buenos resultados, pero sí no, estarán obligados a respetar a quien resulte ganador y no salir con la cantaleta de que hubo fraude.

Y EN OTRO ASUNTO, dice bien el presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, a propósito de las deudas que encontró su gobierno y la brincadera que causó su publicación: “Acapulco necesita que todos nos pongamos a trabajar, no (de) debates, ni pleitos estériles, por lo que no entraré en confusiones de ningún tipo.

“Presenté como fue mi compromiso con la ciudadanía, las cifras sustentadas en documentos, del estado en que recibí la administración pública; serán las instancias correspondientes, como la Contraloría y la Auditoría General del Estado, quienes se encarguen de determinar lo que habrá de seguir en el tema de la deuda institucional.

“Por mi parte continuaré trabajando, como lo he hecho desde antes y desde el primer día de mi gobierno, por el bienestar de nuestro puerto”, puntualizó el edil, quien dicho sea de paso encabeza la lista de alcaldes que llegaron inmediatamente a trabajar en sus municipios, seguido del de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza.

Sin duda que por eso Velázquez Aguirre, como dice el secretario de Planeación del Ayuntamiento porteño, Natividad Calixto Díaz, “no llora, o queja” de cómo le dejaron el gobierno, de tal forma que “él enfrenta el asunto de manera valiente, y sabe que debe sacar adelante las cosas, por lo que repito dos cosas: el déficit está y los responsables tendrán que aclarar en qué se utilizaron los recursos y por qué se endeudaron en ciertos rubros sin comprobar al respecto”.

Y PRECISAMENTE PARA PREVEER las cosas, yo creo que deben tomarse, con toda la seriedad del mundo, lo dicho por el alcalde de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño, en el sentido de que los presidentes municipales son constantemente presionados y en su caso amenazados por la delincuencia organizada.

El alcalde, de las filas del Partido de la revolución Democrática, se quejó que por un lado los ediles reciben amenazas, y por el otro, son ligados al crimen organizado, como ocurre con el presidente municipal de Cocula, quien fue detenido junto con un presunto dirigente del grupo Guerreros Unidos, que opera en la zona Norte del Estado, y a quienes señala la PGR de haber participado en los hechos del 26 de septiembre del 2014, en Iguala.

Robell Urióstegui Patiño admitió que ningún alcalde está exento de ser ligado a la delincuencia, “porque te presionan, te citan; si no vas te matan a alguien cercano, te amenazan; y si vas terminas siendo delincuente”, en alusión al edil de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, de quien dijo que debe ser investigado para deslindar responsabilidades, a fin de que si debe algo, que pague, pero si es inocente, que lo liberen.

Y tiene razón. Los 81 alcaldes deben ser investigados por la PGR para que se deslinden responsabilidades, pero también para conocer la situación real que enfrentan, pues las presiones y amenazas por parte de la delincuencia no es solamente a los alcaldes del PRD, sino de manera general, es decir, también las enfrentan los del PRI y demás partidos políticos.

Yo creo, Gobernador, que es puntual la propuesta, no sólo para saber en manos de quienes están los gobiernos municipales, sino también para prevenir las cosas. Lo de Iguala, tú lo sabes, nunca hubiera ocurrido si las autoridades estatales y federales, como ahora se pide, hubieran investigado al entonces alcalde José Luis Abarca, y más aún, hubieran actuado a tiempo.

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