En el país no se puede tolerar el asesinato de los alcaldes, dijo Osorio Chong.—Insiste Astudillo a los ediles que deben extremar precauciones.—El Congreso citará a los integrantes del Consejo de Seguridad Estatal: Flor Añorve.

Definitivamente, es inaceptable que en el país se tolere el asesinato de algunos presidentes municipales, como destacó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, porque eso sería permitir que atenten contra la estructura del gobierno y que actúen contra quienes son los representantes de la sociedad en sus respectivos municipios, porque fueron electos por el voto de la mayoría de los ciudadanos.
El fin de semana fueron asesinados Ambrosio Soto Duarte, de Pungarabato, Guerrero, por un grupo de la delincuencia organizada que lo había amenazado y exigía que le pagara una cuota, pero también en San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González, victimado por un grupo de sujetos con los que mantenía una fuerte rencilla política.
Los presidentes municipales son la base de la estructura gubernamental de México, de modo que si se permitiera que la impunidad cubra a quienes los atacaron, sería invitar a los delincuentes a que escalen en la estructura política, de modo que irían, como siguiente paso contra los gobernadores, si es que acumulan la fuerza suficiene, que todo indica va en ese sentido.
El encargado de la seguridad pública en el país destacó que: ’Hoy estamos llamados a hacer un frente común para que ninguna autoridad local sea víctima de la violencia ni vuelva a ser cooptada o lastimada por grupos delictivos’, puntualizó.
Esa es una determinación y un operativo que debe ir directamente contra la delincuencia organizada que pretende enfocar sus ataques y extorsiones contra los alcaldes de ciudades de nivel medio, porque el siguiente paso sería someter a presidentes municipales de las principales ciudades o municipios del país, lo que de ninguna puede permitirse, porque afectaría la estructura política y gubernamental básica de la nación.
Ya es tiempo de buscar los mecanismos y la estrategia para someter y regular a la delincuencia organizada, porque si bien es casi imposible terminar con ese flagelo, por las enormes ganancias que deja el narcotráfico, debe impedirse que alcancen otros niveles políticos y sociales, porque de otra maneera, el gobierno de México y de los estados estarían a un paso de fracasar en su principal cometido, que es brindar seguridad y protección a la sociedad y a su propia estructura política y gubernamental.
INSISTE ASTUDILLO A LOS EDILES QUE DEBEN EXTREMAR PRECAUCIONES.—Aunque muchos de los supuestos críticos de la situación de inseguridad y violencia que causó, entre otras cosas el asesinato del alcal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, afirman que la seguridad no debe estar condicionada a horarios y lugares, lo que sería correcto en condiciones ideales, la cuestión es que hay que situarse en la realidad de que Guerrero vive un ambiente de mucho riesgo y no por causa del gobierno de Héctor Astudillo, sino por el desarrollo del narcotráfico en el país y por el severo descuido que los tres gobiernos perredistas anteriores en el combate a la inseguridad y el crecimiento de la delincuencia.
Hay que recordar que quien desató su ’guerra contra el narcotráfico’ fue el panista Felipe Calderón, que provocó el desbordamiento de los cárteles de la droga en todo el país, que reprecutió severamente en Guerrero, por el tránsito de los estupefacientes hacia el mayor consumidor de drogas, Estados Unidos.
El gobierno de Guerrero no es el causante de esa situación que heredó en las peores condiciones posibles del gobierno de Zeferino Torreblanca, que desde un principio se deslindó, cuando dijo de enfrentar a esos grupos, ’no quiero, no puedo, ni me corresponde’, situación que siguió creciendo con Ángel Aguirre y que el sustituto, propuesto por los perredistas, Rogelio Ortega, llevó hasta sus peores consecuencias.
Por eso, los perredistas, desde su estructura nacional, no pueden ponerse en el plan de culpar al gobierno del estado de la difícil situación existente, porque es la consecuencia directa de los gobiernos que los representaron.
Astudillo asume la responsabilidad de apoyar a los alcaldes, a quienes hizo un llamado para que no se expongan y a extremar cuidados, porque ’las curcunstancias no son para verlo con indiferencia’.
Después de una reunión en Casa Guerrero, el gobernador se reunió con los alcaldes que asistieron como el de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza; de Ajuchitlán del Progreso, Onofre Santana Ramírez y de San Marcos, Juan Carlos Molina Villanueva; además de los opositores, a los que no excluyó, de Petatlán, Arturo Gómez Pérez; el de San Luis Acatlán, Javier Vázquez García, de Movimiento Ciudadano, y del PT, el de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández.
De ninguna manera puede permitirse que haya atentados que les cuesten la vida a funcionarios municiples, ni estatales, por lo que deben tomar todas las precauciones cuando salgan de sus municipios, para hacerlo en horas apropiadas y por los caminos más seguros.
Eso critican quienes dejaron al estado hecho un desbarajuste, con problemas de una grave deuda pública, sin cuerpos policiacos confiables y seguros y con grupos delincuenciales crecidos y más agresivos que nunca.
EL CONGRESO CITARÁ A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD ESTATAL: FLOR AÑORVE.—En el esfuerzo por superar la delicada situación de inseguridad que se vive en el estado, todos deben colaborar, y en ese sentido, el Congreso del estado, que encabeza la diputada priista Flor Añorve Ocampo, anunció que el Poder Legisltivo llamará a comparecer a los integrantes del gabinete de seguridad del gobierno del estado, para que informen de las acciones que mantienen contra la delincuencia y las razones por las que no muestra resultados satisfactorios.
El asesinato del alcalde de Pungarabato, señaló la legisladora, es parte del problema a revisar en esa comparecencia, sino en general la situación de inseguridad que se ha manifestado en el estado desde hace algunas semanas.
Lamentó el asesinato de Soto Duarte, pero dijo que debe reconocerse que no tomó las previsiones necesarias, sobre todo porque vivía amenazado y ya habían actuado en su contra al asesinar a su chofer y sobrino.
Recordó que el atentado contra el edil se dio en tierras de Michoacán, por lo que la mayor parte de la investigación les corresponde a esas autoridades, pero aún así el fiscal de Guerrero se entrevistó con el procurador de Michoacán, para colaborar en la pesquiza que realizará principalmente la PGR.
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