Algunos lo observan como patadas de ahogado. Como franca desesperación por no haber ganado la elección de gobernador. Lo único cierto es que la ex candidata a gobernadora por el PRD, Beatriz Mojica Morga, le apuesta a tirar en los tribunales el triunfo del priísta, Héctor Astudillo Flores. O por lo menos, encarecer la negociación política, muy al estilo de la tribu los chuchos de Nueva Izquierda (NI). Y la coartada está muy de moda: la presumible injerencia de la delincuencia organizada en la campaña del ya declarado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), gobernador electo. Basta con ubicar la radiografía al respecto.
DELINCUENCIA Y ELECCIÓN.- En su conferencia de prensa de ayer, la ex candidata a gobernadora dejó en claro una situación delicada: su partido prepara una denuncia ante la PRG por presumibles apoyos de la delincuencia organizada a la campaña de Astudillo, “la cual protegió y financió la campaña por la gubernatura del candidato del PRI. Para apuntalar la versión de Beatriz, estuvo el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, quien de esta forma se atrevió a ponerle el cascabel al gato. Y de paso, enviarle señales políticas muy precisas al presidente Peña Nieto, en cuanto al encarecimiento de la negociación perredista con el fin de admitir el triunfo priísta aquí. Hay lecturas insoslayables al respecto: 1.- En Iguala cayó el presidente municipal perredista, José Luis Abarca Velázquez, por hechos ligados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y su inevitable liga con la delincuencia organizada. Desde antes de que asumiera como candidato externo perredista, los rumores sobre sus vínculos con la delincuencia organizada, eran vox populi. Pero ningún perredista hizo caso. Tampoco en el PRI consideraron pertinente sacar esos trapos sucios, durante la campaña electoral del perredista. Hasta que la bomba del pasado 26 y 27 de septiembre estalló, los escándalos, las investigaciones y las revelaciones se multiplicaron. Ese hecho sentó un precedente. Porque la relación entre delincuentes y poder público se mostró al desnudo. 2.- Hay sin embargo, un punto que nunca se percibió. O no se quiso hacer: los partidos políticos y los órganos electorales poco o nada se preocuparon por indagar los orígenes, los financiamientos y las amistades peligrosas de quienes aspiraban a un cargo de elección popular. Pese a la crisis de Iguala y Cocula, muchos alcaldes electos, así como diputados locales y federales, llevan el estigma de haber sido mencionados en mantas, en corrillos políticos o en las propias calles, mercados y servicios públicos, de sus nexos con grupos criminales. No hubo depuración de cuadros políticos, sino continuidad. Y en ese sentido, es previsible que las crisis en materia de seguridad pública continúen inalterables. O incluso, se agudicen. 3.- Esa marejada política fue aprovechada esta vez, por la candidata perredista a gobernadora y por el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, quien anunció que su partido impugnará la elección de gobernador ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y denunciará el caso ante la PGR, “por la participación directa de grupos de la delincuencia organizada que financiaron, presionaron y amenazaron a candidatos en municipios y regiones del estado, los cuales fueron prácticamente secuestrados en sus domicilios para que no hicieran campaña, y por tanto, esos hechos influyeron de manera determinante en el resultado electoral de la campaña de gobernador”. Incluso, admitió que la propia ex candidata Beatriz Mojica, “ha sido amenazada en su domicilio, hasta donde han llegado hombres armados”. 4.- Lo anterior mete ruido en cuando menos dos vertientes: por un lado, la PGR está obligada a realizar una investigación al respecto con el fin de evitar otra redición del caso Iguala. Y para tranquilidad de los propios priístas y ciudadanos en general que serán gobernados por el priísta Héctor Astudillo. Y por el otro, las autoridades electorales federales también tendrán que emitir un veredicto al respecto con base en las pruebas y testimonios presentados por los perredistas. Porque la entidad y sus ciudadanos, no pueden soportar ya los narcogobiernos que la tienen secuestrada. Las autoridades deben quitarle al río, el agua que suena. Así de fácil y así de simple. No hay de otra.
HOJEADAS DE PÁGINAS…La pérdida del registro de los partidos Humanista (PH), Encuentro Social (PES) y de los Pobres de Guerrero (PPG), confirmó una sola cosa: ninguno de ellos tenía nada que hacer en la pasada elección. El problema es que se les asignaron prerrogativas millonarias que sus propietarios parecen indispuestos a comprobar y regresar. Y si los Consejeros del IEPC no hacen nada al respecto, se observarán como cómplices de esas irregularidades. Porque la cultura de la impunidad no puede tolerarse y fomentarse ya, desde las propias estructuras del gobierno. Y los oportunistas políticos deben pagar el precio de su alocada y disparatada aventura.
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