Asesinato de Ambrosio Soto no es aislado, medio centenar de alcaldes han sido asesinados: Velázquez

*El alcalde de Acapulco demandó que se revise a fondo por los tres niveles de Gobierno la estrategia de seguridad nacional para el combate a la delincuencia.



El presidente municipal de Acapulco y vocero de la Coordinadora Nacional de Autoridades Locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Evodio Velázquez, afirmó que el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, representa un golpe directo a la institucionalidad de los gobiernos, y que no es un caso aislado porque en el país hay medio centenar de presidentes municipales de distintas filiaciones partidarias, asesinados bajo diferentes circunstancias.
En conferencia de prensa desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, señaló que la respuesta del Gobierno federal a la exigencia de reforzar la seguridad en la región Tierra Caliente, en Pungarabato y para la integridad física del alcalde, fue insuficiente, poca estratégica y sin efectividad, y le demandó revisar la estrategia de seguridad pública nacional y de combate al crimen organizado.
El también copresidente de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), dio lectura a un posicionamiento firmado por presidentes municipales, que fungen como coordinadores de alcaldes del sol azteca en 26 entidades federativas donde este partido tiene presencia con 277 presidentes municipales.
Dijo que el artero asesinato de su homólogo y compañero Ambrosio Soto Duarte, ocurrido el sábado 23 de julio entre los estados de Michoacán y Guerrero, y frente a la ola de violencia que afecta a diversos territorios de nuestro país, consideramos, representa ’un golpe directo a la institucionalidad del Gobierno en el país, principalmente a la institucionalidad del Gobierno de la República, y una provocación y reto a las mismas’.
Indicó que a pesar que se advirtió, denunció, anunció y se publicó de la situación de violencia e inseguridad pública que prevalecía en el municipio de Pungarabato, Guerrero, el Gobierno federal no actuó de manera suficiente en atender con fuerza y compromiso la problemática para prever y evitar tan aberrante suceso.
Dijo que los diferentes dirigentes nacionales del PRD acompañaron a Ambrosio Soto a denunciar las amenazas y presión del crimen organizado por el pago de cuotas del erario público, así como la ola de violencia que azotaba a su municipio, y que al rechazar la petición de la delincuencia organizada se solicitó la intervención de la federación en la atención del problema de seguridad pública.
Sin embargo, agregó Velázquez, ’la respuesta del Gobierno federal y estatal fue insuficiente, poco estratégica y sobre todo sin efectividad con el flagelo social de la violencia generada por los mismos criminales, a pesar que se advirtió de la posibilidad que se existiera un atentado contra la vida de nuestro compañero Ambrosio, lo cual terminó por suceder la noche del sábado 23 de julio’.
Recordó que el malogrado alcalde denunció en todos los medios la presión de la delincuencia organizada, y citó el último tuit del alcalde, el 8 de julio, donde denunciaba el asesinato de su primo y demandaba la intervención del Gobierno federal en Tierra Caliente.
’Este twitter fue la advertencia, la solicitud última que hiciera el presidente ante esta presión que existía a su persona y a la institucionalidad que representaba, (…) este hecho de violencia no es un hecho aislado o único, ya que son más de medio centenar de presidentes municipales de distintas filiaciones partidarias, asesinados bajo diferentes circunstancias, lo cual recrudece esta zozobra sobre el ejercicio institucional de gobierno y demerita una vez más la estrategia de seguridad nacional, implementada por el Gobierno de la República’, acusó el alcalde.
El pronunciamiento de los alcaldes perredistas condena enérgicamente el asesinato del alcalde de Pungarabato y demanda la atracción de la investigación del crimen por la Procuraduría General de la República.
Exige el esclarecimiento y que se finquen sanciones punitivas y contundentes a los responsables de este aberrante suceso.
Ratifica la posición del Comité Ejecutivo Nacional del PRD para que el Gobierno federal de forma inmediata concrete una política integral de protección, más que a los presidentes municipales, a la ciudadanía que denuncia, que tiene el valor de decir lo que está pasando en cada una de sus localidades, comunidades, colonias y municipios.
’El presidente municipal contaba con medidas cautelares; hoy, ¿dónde quedan y dónde están?’, cuestionó.
En ese punto, demandó que se revise a fondo por los tres niveles de Gobierno la estrategia de seguridad nacional para el combate a la delincuencia.
En el caso de los gobiernos municipales, su participación en la prevención social de la violencia y la delincuencia; y a los gobiernos estatal y federal el combate al crimen organizado.
Velázquez solicitó que en la próxima sesión de la Federación Nacional de Municipios de México, se instale una mesa de trabajo para que los alcaldes propongan una agenda municipalista de coordinación con los gobernadores y el Gobierno de la República, para determinar la estrategia contra la inseguridad y la delincuencia.
’El llamado es a coordinar esfuerzos como lo dijo el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; tomamos la palabra, pero también iremos a esa mesa a determinar y a fortalecer una estrategia que debe cambiar urgentemente y sobre todo para los estados, donde más daño ha hecho el paso de la delincuencia y de la violencia’.
En la etapa de preguntas, Evodio Velázquez destacó que los municipios deben encabezar acciones eficaces de prevención del delito, pero también deben recibir apoyo del Gobierno, que haya mesas interinstitucionales para poder trabajar en políticas de prevención social, en las causas de la violencia y la delincuencia.
Y que lo recursos para acciones de prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad, se inviertan adecuadamente y contribuyan a reducir los niveles de violencia.
Por su parte, dijo que los alcaldes se deben comprometer a terminar los procesos de certificación de sus cuerpos policíacos.
’Porque en el caso de Acapulco, estamos listos y solamente nos faltan un poco más de 400 elementos de 1,900 elementos que comprende la Secretaría de Seguridad Pública’.
Sin embargo, dijo que otro problema es que los municipios en su mayoría tienen problemas financieros y en el caso de Acapulco, ’recibimos un Gobierno con 2 mil 500 millones de pesos de deuda pública, lo que se asimila a un año de presupuesto de egresos del municipio’.
Abundó que es ’la deuda pública más amplia que se ha recibido para un municipio, en el caso de Acapulco, por lo tanto no se tienen los recursos suficientes para poder liquidar a los policías que no pasan los exámenes de control y confianza’.